La suba de las retenciones, el anuncio más importante y reclamado a Mauricio Macri, sólo puede hacerse por ley. Por ende, no pasa por una por decisión del Gobierno y su aplicación dependerá de su paso por el Congreso. Esto pone en vilo el paquete de medidas para, en teoría, reducir el déficit fiscal para 2019, ya que cualquier decisión el Poder Ejecutivo de subir este impuesto podrá judicializarse.
El Destapeconsultó a especialistas en derecho tributario, que señalaron que es inconstitucional que el Gobierno aumente las retenciones sin pasar por el Congreso. Recordaron el caso de la pesquera Camaronera Patagónica, donde la Corte Suprema resolvió en 2014 que las retenciones que le aplicó el Ministerio de Economía eran inconstitucionales. El fallo lo firmaron Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay y Enrique Petracchi.
La abogada Graciana Peñafort señaló en su cuenta de Twitter que, si Macri avanza sin pasar por el Congreso, estaría incurriendo en un acto inconstitucional, con la paradoja de que en lugar de aumentar la recaudación tendría el efecto contrario.
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Peñafort citó partes del fallo Camaronera, donde la Corte Suprema estableció que los derechos de exportación deben resolverse por ley. “Corresponde recordar que la naturaleza tributaria de los derechos de exportación fue reconocida desde hace mucho tiempo”, escribieron los Supremos en 2014. La Constitución prohíbe expresamente los DNU en materia tributaria. Ergo, tiene que pasar por el Congreso. La propia Corte detalla en el fallo Camaronera que “el establecimiento de un tributo, o su modificación o ampliación, mediante un decreto de necesitad y urgencia al afirmarse que la materia tributaria supone una limitación constitucional infranqueable para el Poder Ejecutivo”.
El fallo insiste en que “ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, esto es, válidamente creada por el único poder del Estado investido de tales atribuciones”, es decir, el Congreso.
“Si no hay ley sin duda termina en tribunales”, sintetizó Peñafort ante la consulta de El Destape.
A esto hay que sumarle que desde agosto de 2010 vencieron las facultades delegadas que tenía el Poder Ejecutivo desde 1999, con sucesivas prórrogas. Por ende, y a diferencia de lo que sucedió en 2008 con la histórica resolución 125, Macri no puede modificar el esquema de retenciones ni por DNU ni por una resolución ministerial.
Vale recordar que una de las primeras medidas de Macri fue la reducción progresiva de las retenciones a la soja y su eliminación para el trigo, sorgo y maiz. Esto tuvo un costo de alrededor de 4.000 millones de dólares anuales menos para las arcas públicas,combinado con la desregulación de la liquidación de las exportaciones.
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