En la adrenalina para conseguir una ampliación del préstamo inicial del FMI, el Gobierno habilitó al organismo para participar de la reforma jubilatoria que Mauricio Macri guarda para el último semestre de su administración. En un gobierno de otro color político esto hubiera implicado una cesión de soberanía, pero no para el PRO. Más aún, el análisis del Fondo le servirá a la Casa Rosada para elevar una propuesta con una justificación técnica levemente más profunda que la manejada por el Ejecutivo.
“El año próximo continuaremos trabajando entre el FMI y el Congreso para identificar reformas duraderas y de alta calidad (lo que incluye mejoras en procesos presupuestarios y de recaudación impositiva, y revisiones en las distorisiones de los subsidios, y empezar a examinar una muy necesitada reforma jubilatoria)”, prometieron el superministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, ante el Fondo.
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El segundo semestre del último año de Macri en la Casa Rosada fue la fecha acordada para una auditoría previsional por Christine Lagarde y los negociadores del PRO. “Los funcionarios y el equipo pactaron una misión de asistencia técnica del FMI para junio de 2019, que reunirá la información necesaria y asesorará a las autoridades para el correcto registro de la operación de nacionalización y de los cambios subsiguientes en el sistema de jubilaciones que sea consistente con principios estadísticos sólidos, como los planteados por las ‘estadísticas de finanzas gubernamentales del FMI’”, reza el documento traducido del inglés.
“Si las recomendaciones de la misión llevan a cambios en la medición del balance del presupuesto, se discutirán políticas adicionales para conseguir las metas fiscales acordadas dentro del programa de apoyo del FMI. Por el momento, la valuación de los activos del fondo previsional adquiridos en 2008 se dividirá en el tiempo como ingresos para contrapesar parcialmente futuros gastos jubilatorios. El límite del monto a ser reconocido como ingreso será del 0,4% del PBI cada año”, continúa el texto.
En este sencillo escrito, Macri opinó ante toda la comunidad internacional que Argentina contabilizó de una forma incorrecta el fondo de los jubilados en 2008. Pero esto es falso. En su momento, la administración de Cristina Kirchner creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad como una herramienta independiente y anticíclica, con la misión de agrandar su tamaño con operaciones financieras pero también inversiones productivas que economía. En su fundación se aclaró que sólo podría aplicarse este capital en crisis económicas, para el pago de las jubilaciones mientras la balanza sea deficitaria, pero de forma temporal. En su década de existencia, jamás se precisó un centavo.
Los economistas neoliberales del PRO y del Fondo acordaron cambiar la naturaleza del FGS: dejar de considerarlo un capital independiente y pasar a verlo como un flujo de efectivo. Esto abre un abanico de posibilidades para el ministro del ajuste ya que, acompañado de algunos cambios legales podrá, primero, dibujar en los libros la baja del déficit con el traspaso de los activos hasta un 0,4% del PBI por año. En segundo lugar, lo habilitará a entregarle al fondo de los jubilados aplicaciones hasta ahora reservadas a depresiones económicas. Comenzará con su desguace para el pago de los haberes previsionales pero, ante la profundización de la crisis generada por Macri, podrá dar pasos adicionales para entregarle fines completamente ajenos a los creados, como saciar necesidades corrientes del Tesoro Nacional.
“El FGS no es un fondo público, es lo que la doctrina alemana llama un patrimonio de afectación específica”, replicó Juan Carlos Díaz Roig ante la consulta de El Destape. “Es propiedad de todos los trabajadores y jubilados, no del Estado. El Estado debe limitarse a administrarlo bien: realizar inversiones que lo aumenten y transferirle a la Anses los saldos en caso de que recaudación anual no cubra las planillas de jubilaciones. El gobierno no puede destinar el FGS a ningún otro fin, ni tampoco puede capitalizarlo como si fuera un activo estatal”, delimitó el especialista previsional.
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Es que el FMI le dará argumentos técnicos neoliberales para apoyar la destrucción del FGS al panelista televisivo que comanda Hacienda. Puede preverse que, en su auditoría de junio, el organismo dirigido por Christine Lagarde concluirá que régimen argentino posee una presunta inviabilidad. En el mundo propone la misma fórmula: que las jubilaciones se paguen exclusivamente con aportes patronales y laborales. En el país, estos ingresos cubren casi la mitad de los haberes, mientras que la otra parte está satisfecha con impuestos generales, una fórmula incompatible con el gusto de la entidad. “Durante 12 años, estas recaudación permitió pagar todas las obligaciones, inclusive las sentencias firmes”, aclaró Díaz Roig, quien enfatizó la sustentabilidad de la estructura vigente.
Tras la auditoría, las recomendaciones serán las entregadas en España y Grecia, que coinciden con la agenda de Macri: recorte jubilatorio, nueva modificación de la fórmula para calcular los haberes, aumento de la edad para acceder al régimen y capitalización individual. Todo esto, insisten las fuentes gubernamentales consultadas por este medio, “normalizarán” el sistema.
La caja del fondo de los jubilados se pondera como la segunda más grande, lo que representa un obstáculo para imponer una reforma previsional. Por esto, el PRO se concentró en desfalcarlo desde que tuvo la oportunidad, como denuncia El Destape hace dos años, cuando reveló los primeros negociados de ANSES, que involucraron el memorando firmado con Qatar, frenado por la Justicia.
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