Reforma laboral: la flexibilización de los derechos de los trabajadores en el horizonte de Cambiemos

Los mensajes que encierran las propuestas electorales es necesario interpretarlos a la luz de las acciones que resultan en las experiencias vividas, que para la mayoría tienen un punto central en las oportunidades de trabajo y de la consiguiente realización social e individual.

Menos trabajo y más pobreza

La persistente destrucción de puestos de trabajo, la creciente incertidumbre sobre el mantenimiento del empleo formal existente que generan la ola de suspensiones, las reducciones de jornadas de labor y la precarización que determinan modalidades alternativas y/o sustitutivas del empleo estable (tercerizaciones, contrataciones a plazo fijo, eventuales o a tiempo parcial) en general carentes de legalidad, son elocuentes respecto a la crisis existente.

Los múltiples modos que adopta la informalidad laboral (empleo no registrado, aparentes y reales monotributistas, supuestos cuentapropistas o autónomos, emprendimientos que representan meras –e insuficientes- estrategias de supervivencia), son también expresiones de esa crisis.

A la vez aumentan la pobreza y la indigencia en similares proporciones a los indicadores laborales que dan cuenta de lo anteriormente señalado, poniendo de manifiesto la directa incidencia que poseen en el empobrecimiento de la población.

Otro tanto ocurre en cuanto a la deserción escolar como también sucede en los niveles terciarios y universitarios, que se proyecta acentuando las tendencias referidas.   

El desarrollo de un país como la realización de las personas están inexorablemente ligados al trabajo, pero no cualquier trabajo permite alcanzar esos objetivos. Lo que exige analizar el mundo laboral no sólo en sus contornos sino en su interior, tanto en el orden de reparto del trabajo y su naturaleza, como en el funcionamiento de las relaciones que le son inherentes y el grado de satisfacción que quepa atribuirles para lograr aquellos fines.

Un frío que congela

Las estrategias monetaristas para combatir la inflación se basan en secar la plaza –con el consiguiente impacto negativo sobre el consumo- y en el enfriamiento de la economía en su conjunto, cuyas consecuencias inmediatas son la baja del nivel de empleo –en términos cuantitativos y cualitativos- y una mayor desocupación general.

Si bien ese tipo de experiencias siempre han fracasado con referencia al propósito declarado, como lo demuestra la historia argentina con numerosos ejemplos y la realidad actual con tasas inflacionarias que se equiparan a los peores registros de los últimos 40 años, se agrega en el presente  la implementación de otras medidas que magnifican esos efectos.

La imposibilidad de acceder al crédito o a cualquier alternativa de financiación, la dolarización de tarifas de servicios públicos esenciales, la inexistencia de políticas que alienten la inversión productiva, conllevan a la inviabilidad y cierre de empresas pequeñas y medianas o a la migración de las de mayor envergadura mediante la deslocalización típica de las multinacionales.

Ese congelamiento por supuesto no tiene por contrapartida otro similar en el precio de bienes y servicios, que se encarecen al punto de hacer imposible acceder a muchos de ellos (alimentos básicos, medicamentos y coberturas de salud, gas, luz y agua, educación, vivienda).

Las consecuencias trágicas de ese enfriamiento, se profundizan en un grado inconcebible para la Argentina cuando median fenómenos climáticos –un frió real y no en sentido figurado- como el que se verifica en este invierno, que castiga particularmente a los más vulnerables.

Si bien las reacciones de la sociedad civil en múltiples redes solidarias (clubes, organizaciones sociales y políticas, sindicatos, iglesias) constituyen una expresión gratificante ante tanta desgracia –que incluye víctimas fatales-, ello también pone en evidencia un Estado ausente y que elude sus más básicas obligaciones en la protección de la vida, la salud y la integridad de los ciudadanos.

Las propuestas del Gobierno nacional

La desindustrialización del país, el desguace del aparato productivo de bienes con mayor valor agregado, la caída estrepitosa de la actividad comercial a la par que se eleva la especulativa, como la imposibilidad de que haya otro tipo de inversiones que no sean bancarias o financieras, son el resultado de las estrategias antes aludidas y no responden a cuestiones climáticas a las que eufemísticamente apelan los funcionarios responsables de aquéllas.

Sería un error interpretar que se trata de consecuencias no deseadas y más aún inevitables, por cuanto responden a un obrar deliberado y dirigido a generar pingues ganancias a costa del patrimonio nacional como del menoscabo de la calidad de vida de los que habitan este suelo, con la sola excepción  de los pocos –cada vez menos- beneficiarios (socios, parientes, amigos y mandantes extranjeros de quienes nos gobiernan).   

No se trata de una simple afirmación dogmática toda vez que teniendo a la vista los resultados de las políticas impulsadas desde la asunción de este Gobierno no se dispone corrección alguna de ese rumbo. Por el contrario, se anuncia su profundización en lo que resta de este período y con más intensidad de renovarse el mandato en las elecciones de octubre.

Un anticipo lo constituyen los pactos internacionales que alientan (del Mercosur con la Unión Europea y uno bilateral de libre comercio con EEUU), con los que nos insertaríamos en el Mundo pero como una colonia y acentuando la primarización de nuestra Economía con más asimetrías en los términos del intercambio comercial, como en claro menoscabo de una provechosa integración regional.

¿Un futuro sin empleo ni esperanzas? 

La Reforma Laboral ha sido un objetivo permanente, hoy más acuciante por los compromisos contraídos con el FMI, que se amaga alcanzar este año pero que tendrá un rol central en un eventual segundo gobierno de Macri.

Se la indica como clave para lograr competitividad y mayor productividad, cuya secuela sería la ampliación de las oportunidades de trabajo. Acerca de lo primero, el cuadro de situación antes descripto como la persistencia en las políticas macroeconómicas que se llevan adelante desmiente tal afirmación. En cuanto a lo segundo, no existe demostración ninguna de que la “flexibilización” de las tutelas laborales conlleve a una mayor oferta de trabajo, al contrario los índices más altos de desempleo han sido el emergente de medidas de esa índole acompañada por una precarización deshumanizante de las condiciones de labor y de vida.

Es que para el Neoliberalismo cualquier grado de protección del empleo importa un escollo para la actividad empresaria, con absoluta abstracción de los reales y principales factores que determinan la posibilidad de crecimiento de la Economía en sus diversos ámbitos. Convirtiendo en enemigos a los que hay que desterrar, o incluso desaparecer –como efectivamente ocurrió en la última dictadura-, a todos aquellos que defienden los derechos de trabajadoras y trabajadores.

El Presidente, fiel exponente de ese pensamiento, desde el inicio de su gestión ha perseguido y estigmatizado a activistas gremiales, dirigentes sindicales, magistrados del trabajo y abogados laboralistas.

Respecto de estos últimos llegó a catalogarlos de mafiosos e identificarlos como responsables del cierre de empresas, lo que podría causar gracia –y hasta cierta perplejidad- viniendo de quien viene, si no fuera por las funestas consecuencias que ideas semejantes han provocado.

La alusión precedente cobra especial valor en estos días (el 6 de julio instituido como “Día del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado” y el 7 de julio como “Día del Abogado Laboralista”) en que se conmemora la desaparición y muerte de abogados y abogadas laboralistas, producto de los secuestros ocurridos en Mar del Plata entre esas fechas en 1977 y que se conoce como “La Noche de las Corbatas”.     

La defensa del empleo, el reclamo por la generación de más y mejores oportunidades de trabajo, el impulso del crecimiento económico con equidad en la distribución de la riqueza producida, no forma parte del ideario ni es compatible con los intereses a los que sirve la Alianza gobernante.

La oferta de Macri en un nuevo mandato es clara, un futuro sin empleo ni esperanzas, la decisión de aceptarla o no es un acto eminentemente político que es preciso asumir como tal.