Reforma judicial: Comodoro Py, expectante y en pie de guerra tras los anuncios de Alberto Fernández

La decisión del Gobierno de modificar el régimen jubilatorio especial de los funcionarios judiciales y de avanzar con una reforma estructural del sistema federal de justicia provocó una fuerte resistencia en el tercer poder del Estado, que está a la expectativa de los cambios y en pie de guerra. Un camarista federal con asiento en los tribunales de Comodoro Py sintetizó el clima que reina hoy en el edificio de Retiro: “Nos pegaron en la nuca. Si nos tenemos que pintar la cara, nos la pintaremos”. La frase, desafiante, está en sintonía con lo que siente gran parte de sus colegas. No obstante, esperan leer el proyecto del Poder Ejecutivo para sentar una posición colectiva y pública.

La reforma judicial provoca mucha incertidumbre entre los magistrados. Los miembros de la cámara federal porteña, por ejemplo, se reunieron dos veces en los últimos días (no lo hacía hace como un año, indicaron en Py) y discutieron la cuestión. Finalmente, los cuatro integrantes de ese tribunal, que está dividido en dos salas, resolvieron no hacer ningún pronunciamiento hasta conocer la letra de la iniciativa que promueve el Gobierno.

“Venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la Justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza”, afirmó Alberto Fernández en la apertura del periodo 138° de sesiones ordinarias del Congreso, el pasado 1° de marzo. Entre otras cosas, anunció la creación de un nuevo Fuero Federal Penal, que unificará a fueros penales que hoy tienen jurisdicción en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una reforma que busca disolver el poder de los tribunales federales de Comodoro Py, cuyo núcleo central son los 12 juzgados de primera instancia y la cámara revisora. Fernández aseguró que con los cambios “los delitos contra la administración pública en los que incurran funcionarios del Estado Nacional, dejarán de estar en manos de unos pocos jueces, para pasar a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados”.

Un experimentado juez cuestionó al Ejecutivo: “El ‘poder’ de Comodoro Py está en la cámara y no en los jueces de primera instancia. La pregunta es: ¿Los jueces tiene poder porque inventan causas (algunos los hay) o por que los políticos en el poder delinquen?”. Y agregó, en diálogo con El Destape: “Si las cámaras (federal o de Casación Penal) no avalaran los excesos de algunos no podría existir el Lawfare”. Esta postura es compartida por un colega suyo unos cuantos años más joven quien señaló que el verdadero poder de decisión en Py lo tiene la Cámara Federal porteña, presidida por Martín “Doctrina” Irurzun. Justamente, en esa instancia Mauricio Macri cuando era presidente corrió a 3 de los 4 jueces que había y nombró a otros 3. Dos de ellos a dedo, por decreto. De los que estaban en funciones el único que no perdió el cargo con la llegada del macrismo fue el mentado Irurzun. 

Aún no está claro como se implementará la ampliación que pretende el Presidente de la Nación. Se barajan distintas opciones como la fusión de Py con el fuero ordinario, algo que tendría más de un inconveniente legal para lograr una fácil implementación. En ese fuero hay más de una decena de despachos vacantes. Otra posibilidad es la unificación de los tribunales de Comodoro Py con los de Penal Económico y Tributario y el desdoblamiento de las dos secretarías que tienen actualmente los 12 juzgados de Py. Esto último crearía doce juzgados nuevos. Las versiones que se deslizan en el edificio de Retiro y dejan correr desde el Ejecutivo es que el proyecto de ley de Reforma se conocería entre este jueves y viernes. Con su difusión, se terminarán las especulaciones y se agudizarán las discusiones.

Mientras tanto, los cuestionamientos se multiplican por lo bajo. “Ahora que se va a implementar el sistema acusatorio: hacen falta más fiscalías y no juzgados”, afirma un juez federal. Es que con el código acusatorio, los fiscales pasarán a ser los protagonistas de la investigación penal en detrimento de los magistrados, quienes perderán poder. Otros resaltan que la reforma debiera hacerse de forma consensuada con referentes del Poder Judicial. “Sin consenso y por imposición habrá tensiones difíciles de saldar”, adelantan.

La sensación que se percibe hoy en el edificio de Retiro es de una conflictividad creciente entre la Casa Rosada y el Poder Judicial. La lectura generalizada es que no fue azarosa la ausencia de los tres ministros con más poder en la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, en la apertura de la sesiones ordinarias del Congreso. A diferencia del primer discurso de Fernández ante la Asamblea Legislativa, donde Lorenzetti se llevaba todos los primeros planos de la transmisión, el pasado domingo cada crítica del primer mandatario al tercer poder del Estado arrojaba la imagen de un imperturbable  Carlos Rosenkrantz, el solitario presidente del Alto Tribunal, que fue al convite acompañado únicamente por la suprema Elena Highton de Nolasco. 

“Hay que prestar atención a los gestos”, asegura a este medio otro de los magistrados que ocupa los 12 juzgados de primera instancia en los tribunales de Retiro. Y es que al faltazo de los tres “supremos peronistas” se sumó la condena a 6 meses de prisión y un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos que este martes recayó sobre el extitular del AFSCA, Martín Sabbatella, por abuso de autoridad en la aplicación de la Ley de Medios. La decisión la tomó el juez Ariel Lijo, de fluido diálogo con Lorenzetti y con Irurzun, hombre fuerte de Comodoro Py. La respuesta de Sabbatella, quien encabeza la Autoridad de Cuenca Matanza Richuelo (ACUMAR), el organismo público responsable de articular las políticas públicas para el saneamiento de la mentada cuenca, no se hizo esperar: “Esta condena se enmarca en la estrategia de persecución y Lawfare que llevó adelante el macrismo con el Grupo Clarín y una parte del sistema judicial”. El multimedios fue el denunciante en este pleito.

El malestar de los jueces comenzó con la forma en que el oficialismo resolvió la modificación del régimen previsional especial de los funcionarios judiciales. Hubo acordadas de distintas cámaras fustigando la decisión del Ejecutivo, lo que evidenció una tensión entre los dos poderes. Tal fue el descontento que muchos magistrados y fiscales presentaron su renuncia al cargo para acogerse a la jubilación bajo el antiguo régimen. En la actualidad se cuentan 32 jueces que renunciaron y 15 fiscales. El número de renunciantes era más amplio antes de las modificaciones que se le realizaron a la iniciativa en la Cámara de Diputados, donde recibió media sanción. Algunos funcionarios judiciales retiraron su dimisión y decidieron quedarse en el cargo. El caso paradigmático es el del fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Plee, un figura emblemática de Comodoro Py. No faltan quienes interpretan que este gesto implica que un sector del Poder Judicial decidió darle pelea al Gobierno.

En esa sintonía, desde el edificio de Retiro aseguran que si el Senado convierte en ley las modificaciones al régimen previsional especial de jueces y fiscales, seguramente, se presentará un amparo que terminará frenando su aplicación. Paradojas de este conflicto: de judicializarse estas medidas, serán los propios magistrados quienes terminarán resolviendo sobre los cambios que propone el Presidente para el tercer poder del Estado.