El ex director nacional de Determinación de Derechos de Desarrollo Social Eugenio Reati aclaró que había realizado múltiples auditorías y corroboró que las pensiones que se cobraban eran legítimas hasta 2015. “Las que se dieron de baja fueron por un recorte presupuestario, no porque no sufren discapacidades”, esgrimió.
“El motivo es el recorte presupuestario, el ajuste”, acusó en diálogo con El Destape. “Entre 2013 y 2015 se hicieron diferentes auditorías, con colaboración de la UBA y la Universidad de la Matanza, para corroborar si eran todas las pensiones legítimas”, reveló. Del total, el 1% tenía irregularidades, principalmente por problemas administrativos.
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“Nosotros combatíamos la mafia de la pensión. Hacíamos estas auditorías para que no estafaran”, embistió. La cartera de Carolina Stanley “está obligada a elaborar indicadores de altas, bajas y motivos por las denegatorias, pero todos estos datos se desconocen porque lo incumplen”, precisó.
De acuerdo al censo 2010, hay más de 5 millones con dificultades de algún tipo. Pero en 2015 tenían asignada la pensión 1,5 millones de personas, mientras que con los ajustes de 2016 y 2017 quedan ahora 1,4 millones.
El presupuesto total del Ministerio de Desarrollo Social alcanza los $ 131.000 millones, de los cuales corresponden a pensiones no contributivas $ 97.000 millones. Desde que asumió Cambiemos, el Gobierno recortó ya $ 9.700 millones de los haberes.
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