El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, se defiende del ataque que sufre por parte del Poder Ejecutivo, que pretende removerlo del cargo luego de que destapara una red de espionaje ilegal que salpica al Gobierno. En ese marco, su abogado defensor, que es su padre, el magistrado Juan Ramos Padilla, presentó un escrito este martes en el Consejo de la Magistratura en el cual recusa a los consejeros Miguel Ángel Pichetto y Juan Bautista Mahiques en el proceso que busca su remoción. Si esto no sucede, pide la nulidad de todo lo actuado.
Pichetto y Mahiques integran la comisión de Disciplina y Acusación del consejo en donde se sustancia el pedido de apartamiento contra Alejo Ramos Padilla. Allí se unificaron dos expedientes: el que se abrió a instancias del juez Claudio Bonadio, quien investiga si el caso de Dolores formó parte de una operación de exfunconarios kirchneristas detenidos en Ezeiza para derribar la causa cuadernos (esta causa insólita se basa en escuchas ilegales). Y el pedido de remoción del juez que impulsó el Poder Ejecutivo apenas se destapó el D’Alessiogate. Como ambos casos son fogoneados por el Gobierno, Pichetto y Mahiques (representante del Ejecutivo en el consejo) son parciales en el proceso.
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El senador pejotista ingresó como representante de la oposición y desde la semana pasada integra el espacio oficialista, ya que es candidato a vicepresidente en la fórmula que encabeza Mauricio Macri. El segundo es el representante del Poder Ejecutivo en el órgano que selecciona y sanciona jueces y fue quien formalizó el pedido de remoción del juez de Dolores en el consejo.
“La manifiesta intención de apartar del cargo (a Ramos Padilla) y de la investigación de hechos que involucran al Poder Ejecutivo y a sus aliados políticos y judiciales y la utilización para ello de escuchas obtenidas y utilizadas ilegalmente exceden en mucho a la mera enemistad que prevé el Reglamento en el inciso b del artículo 12, y me obligan a formular la presente recusación y nulidad en busca de transparentar la actuación de este Consejo de la Magistratura en el trámite de este expediente”, se afirma en el escrito que presentó Ramos Padilla padre.
Las razones
El inicio del proceso de remoción contra Ramos Padilla tiene su origen en una entrevista del 17 de marzo pasado, cuando en el programa del periodista Luis Majul, Macri anunció públicamente su intención de destituir al juez de Dolores. Entonces afirmó que había hecho una denuncia en el Consejo de la Magistratura.
“No es la primera vez, de Ramos Padilla. Ya ha hecho varias, así que espero que el Consejo con todas las pruebas que hay evalúe seriamente destituirlo”, había afirmado el primer mandatario ante las cámaras.
“Esa declaración mereció el repudio de muchas organizaciones nacionales e internacionales, como Human Rights Watch, cuyo Director para las Américas, José Miguel Vivanco, señaló que: ‘…el gobierno no ha presentado ningún motivo convincente para justificar una investigación contra el juez Ramos Padilla. Por el contrario, pareciera que el gobierno está tomando represalias contra un juez que tiene a su cargo una investigación que le preocupa’”, resalta el documento que se presentó este martes en el consejo.
“A partir de ese momento, mi defendido ha sido objeto de todo tipo de ataques por parte del Poder Ejecutivo, sus aliados políticos y los medios afines al gobierno que se vienen incrementando a partir del avance del proceso electoral, y en los que no se duda en apelar a cualquier clase de método o ilegalidad para separarlo del cargo y cumplir los deseos del Presidente”, se añade.
En la causa que tramita en Dolores se investigan numerosas actividades de espionaje e inteligencia ilegal y hay todo tipo de imputados e investigados, entre los que figuran integrantes del Gobierno. En el expediente aparecen desde la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hasta el de Justicia, Germán Garavano. Por tal motivo, en el escrito se resalta que Ramos Padilla es víctima de una manifiesta “persecución política”.
“Es evidente que a partir de la obtención de las primeras pruebas que daban cuenta de la gravedad institucional que podía alcanzar la investigación de Dolores, comenzó una evidente persecución que encabezó el propio presidente de la Nación contra el magistrado a cargo de dicha causa”, se especifica en la presentación.
En esa línea se hace hincapié en las escuchas ilegales que alimentan la causa conocida como “presos K”: “También se recurrió a la utilización ilegal de escuchas a partir de la Agencia Federal de Inteligencia, que depende directamente del P.E.N.- y que, aunque nada prueban, son incorporadas a expedientes judiciales con malicia y animosidad y divulgadas a través de periodistas afines al gobierno nacional”.
Pichetto y Mahiques
En este orden, Ramos Padilla cuestiona los roles de los consejeros Pichetto y Mahiques. Respecto sostiene que “está claro que ‘el traspaso’” a las filas del oficialismo “afecta el equilibrio” en el consejo “entre la representación de los órganos políticos resultante de la elección popular” pero “en el caso de la persecución a mi defendido se vuelve especialmente grave, pues las
actuaciones ante este Consejo fueron iniciadas a instancias del propio presidente de la Nación, su actual compañero de fórmula”, quien fue el que hizo la denuncia en el consejo.
En lo que refiere a Mahiques, resalta que “nadie puede ser juez y parte, y que el Poder Ejecutivo ha iniciado, impulsado y demostrado un interés concreto en la destitución del juez federal de
Dolores”, por lo que no pide que no intervenga en el proceso. “Esta petición no es un mero artilugio para evitar la investigación que el presidente Mauricio Macri propone contra mi asistido. La cuestión es simple, la intervención de su representante, Dr. Juan Mahiques, hace que todo lo actuado por esta Comisión sea nulo de nulidad absoluta”, se concluye.
El rol del Presidente
Para Juan Ramos Padilla, Macri “dio públicamente instrucciones para la destitución del Juez Federal de Dolores” y “fueron varias las dependencias del Poder Ejecutivo Nacional que contribuyeron a este proceso”. Menciona al Ministerio de Justicia y a Mahiques (funcionario de aquella cartera) y afirma que “para fortalecerlo se utilizaron ‘escuchas filtradas' por la Agencia Federal de Inteligencia –también dependiente del P.E.N.- o, lo que sería aún más grave, por jueces, fiscales o legisladores vinculados a la investigación”. La mención es por el rol que jugaron la diputada Paula Oliveto y Carlos Stornelli.
Respecto a las escuchas, señala que “no cabe duda que el Presidente siempre estuvo informado por la propia AFI de esta 'operación escuchas', al punto tal que el tema incluso fue tratado en reuniones de gabinete.
En este marco, el padre y abogado del juez de Dolores pide la recusación de Pichetto y Mahiques. Si eso no sucede, reclama la nulidad de todo lo actuado. También requiere que se suspendan los plazos procesales hasta tanto se determine quiénes serán los consejeros que habrán de intervenir en este proceso.
Y, por último, si sus planteos no prosperam se reserva la posibilidad de “recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por arbitrariedad, gravedad institucional, y grave afectación a las normas del debido proceso, a la independencia judicial, a la división de poderes y en definitiva al sistema republicano de gobierno”.
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