El juez Alejo Ramos Padilla pidió que se le remitan las actuaciones conexas vinculadas al ex despachante de Aduana, Gabriel Traficante, y el fiscal Juan Ignacio Bidone, al estar emparentadas con la causa que investiga una red de espionaje ilegal. El pedido del juez federal de Dolores se argumentó en el hecho de que lo que él investiga es una asociación ilícita, dentro de la cual uno de los planes criminales era la extorsión planificada contra Traficante y debería primar el Tribunal que lleva adelante el caso con una pena más grave.
El juez de Dolores argumentó que no hay dudas sobre la “conexidad – parcial – objetiva y subjetiva entre esta investigación (la de una red de espionaje ilegal) y la causa en trámite” en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 9, de Luis Rodríguez. Por esto mismo, aseguró que si ambas causas no se tramitan en un mismo tribunal, puede someterse a los imputados a un doble juzgamiento por el mismo hecho.
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En este sentido, Ramos Padilla sostuvo que el juzgado que lleva adelante la investigación del delito más grave es el que tiene que intervenir en el caso: la causa de una red de espionaje ilegal es el marco de la extorsión contra Traficante. Además, resaltó que Rodríguez procesó a D’Alessio por este delito el 6 de marzo, mientras que Dolores lo hizo el 25 de febrero por formar parte de una “asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el delito de extorsión en perjuicio de Pedro Etchebest, en carácter de coautor”.
El juez Rodríguez procesó y dictó prisión preventiva a D'Alessio por la extorsión a Traficante y citó a indagatoria al fiscal Bidone, quien confesó haberle pasado datos migratorios al extorsionador para poder coaccionar al ex despachante de Aduana. Además, el magistrado analiza pasos a seguir en torno a Daniel Santoro, el periodista de Clarín involucrado en la causa como pata mediática de los aprietes.
En su escrito, Ramos Padilla enfatizó que el caso de Traficante “sería tan sólo una de las tantas aristas del plan delictivo”. Según denunció el ex despachante de Aduana, el 19 de diciembre de 2016, D’Alessio lo extorsionó por supuestos elementos que lo vincularían a la llamada “mafia de los contenedores” y le exigió noventa mil dólares para evitar que siga el curso judicial o se ventilara en medios de comunicación “a través del periodista de Clarín, Daniel Santoro”.
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Sin embargo, esta causa se suma a otras “más abarcativas que habrían sido llevadas a cabo por Marcelo D´Alessio, junto con otras personas, en el marco de la organización criminal que se investiga por ante este Juzgado Federal de Dolores, vinculada con la realización en el territorio nacional y extranjero de actividades de espionaje ilegales en los ámbitos político, judicial, empresarial y periodístico”, que son de dimensiones mucho más extensas que la del caso Traficante.
También solicitó que el juzgado de Garantías 3 de San Martín, a cargo de Mariano José Grammatico Mazzari, hiciera lo propio con la causa que investiga al “Fiscal Bidone por su intervención en la maniobra extorsiva en perjuicio de Pedro Etchebest por la provisión a D´Alessio de datos de acceso restringido”. Por esta maniobra, se lo imputó en el marco de la causa delictiva global de ser partícipe de una asociación ilícita investigada en Dolores.
Por esto, recordó que el objeto de la causa “consiste en la actuación de una organización criminal dedicada a realizar múltiples planes delictivos de diversa índole, pero encaminados, fundamentalmente, al espionaje ilegal en los ámbitos judicial, político, empresarial y periodístico” con el fin de realizar “acciones coactivas y/o extorsivas” usadas como beneficio en sí mismas o para otros fines.
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