Ramón María Lanús, presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), fue denunciado penalmente por Leonardo Salom, secretario general adjunto e Interior Ferroportuario de APDFA, para impedir la transferencia de los terrenos del Puerto de Buenos Aires, hoy de dominio nacional, a la Ciudad para avanzar con el meganegociado inmobiliario iniciado por el gobierno de Mauricio Macri.
En el documento presentado hoy, al que tuvo acceso El Destape, se denunció al funcionario macrista por abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, y se solicitó que Lanús, la AABE y el Poder Ejecutivo se abstengan de "realizar cualquier acto tendiente a disponer, vender, traspasar, gravar, afectar a desarrollos inmobiliarios o urbanísticos los bienes muebles o inmuebles" que son del Estado nacional e integran la Isla Demarchi y el Puerto Sur.
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Según detalló Salom en el escrito judicial, el Gobierno avanza en la ejecución de actos que hacen sospechar la transferencia de terrenos "a fin de realizar un fabuloso negocio inmobiliario en beneficio de privados, que implican afectar gravemente el funcionamiento del Puerto de buenos Aires, sin intervención del Congreso". Ésto, señalaron, implicaría quitarle al Estado nacional el único puerto federal del país, que conecta a todo el territorio nacional y maneja el 65% de los productos que ingresan a la Argentina.
Como contó este medio, en 2016 el Gobierno comenzó a diseñar un plan para reducir y concentrar el Puerto de Buenos Aires en una sola mano. Actualmente está operado por tres empresas pero, según denunciaron los trabajadores, por presión de Nicolás Caputo - cónsul de Singapur en Argentina y "hermano del alma" de Macri - se diseñó un plan para que quedara bajo gestión de una sola compañía.
En ese proyecto se estipuló la construcción de una isla sobre el Río de la Plata para trasladar allí las terminales y liberar una zona de gran valor inmobiliario, donde se constituiría Puerto Madero II. Un sector en el que se dispondrían un sector para cruceros y la construcción de torres de viviendas destinadas a la especulación.
Con el fin del Gobierno de Mauricio Macri, los tiempos para concretar tal negociado se acotaron. Por este motivo, una de las maniobras que más suena es la transferencia de los terrenos del Puerto a la Ciudad, territorio que confían retener después del 10 de diciembre para ganar margen de acción.
Así, el proceso del traspaso tomó mayor volumen después de la derrota en las PASO, "previendo la imposibilidad de reelección del actual presidente, estarían acelerando la transferencia de estos inmuebles del dominio público federal en beneficio de la Ciudad, que prevén ganar en las próximas elecciones", detalló Salom.
Ante este panorama, desde el gremio le pidieron explicaciones al Ministerio de Transporte para conocer si efectivamente planean avanzar con el traspaso. Desde la cartera de Dietrich aseguraron que se tomarán hasta el 30 de octubre para dar respuestas certeras. O sea, tres días después de las elecciones.
En los terrenos afectados por la posible transferencia trabajan alrededor de 3000 personas y funcionan distintos organismos públicos y privados, que se verían afectados por la enajenación, en caso de producirse.
Por eso, y por la importancia central que tiene el Puerto de Buenos Aires para el federalismo y el comercio nacional, es que se solicitó que el Gobierno se abstenga de avanzar con esta maniobra que beneficiará a unos pocos empresarios amigos del poder.
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