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Según el gobierno de Macri, para atenuar los efectos que tendrá esta resolución y durante el período de "transición", se promoverá planes de capacitación, seguro laboral y acuerdos con empleadores donde el Estado cubrirá hasta el 50% del salario por un año de los cesanteados.
Para justificar la controvertida medida que ya provocó el rechazo de la cámara que agrupa a fabricantes de electrónica, el Gobierno hizo una comparación de los precios de las computadores en la Argentina con países de la región. En un comunicado, el Ministerio de Producción señaló que en el país una computadora cuesta 80% más que en Colombia; 50% más que en Chile y casi el triple que en Estados Unidos (175%) y afirmó que ese sobrecosto "lo pagan las pymes y las familias".
La cartera que conduce Francisco Cabrera afirmó que la medida tiene como objetivo potenciar "de manera transversal la economía argentina y generar 15.000 nuevos empleos en 3 años".
Estimó que "de esta manera se reducirán precios, mejorará la calidad de las computadoras, y aumentará la productividad de miles de empresas en el país".
Juntamente con la medida el gobierno anunció subsidios salariales y planes de capacitación para alrededor de 1.000 trabajadores que perderán su empleo como consecuencia de esa medida. No obstante, la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL) denunció que el impacto será mayor y que más de 12 mil empleos de la cadena de valor de equipos de tecnología informática corren riesgo ante la baja de aranceles.
Además, la entidad advirtió acerca de una "invasión" de productos asiáticos y por eso pidió la conformación de una mesa de diálogo con fabricantes y trabajadores.
Por el contrario, el secretario de Comercio, Miguel Braun, sostuvo que la Argentina "es el país de la región donde las computadoras son más caras por falta de competencia". "Ese sobrecosto lo pagan todos los ciudadanos. El Estado tiene la responsabilidad de que la tecnología sea accesible a quienes dan empleo pero fundamentalmente tiene que contribuir a reducir la brecha digital. Vamos a hacerlo cuidando el empleo", sostuvo Braun.
Tras estimar que alrededor de 1.000 trabajadores se verán afectados por la medida, el Ministerio informó que está trabajando con la cartera laboral que conduce Jorge Triaca para atenuar los efectos de la medida.
Agrega que los trabajadores afectados "podrán participar voluntariamente del programa de transformación laboral para reorientar su carrera hacia los sectores más dinámicos, con demanda de empleo y oportunidades de competitividad genuina".
Tres cuartas partes de las fuentes de trabajo que podrían perderse están en Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, mientras que también impactaría en dos líneas de producción que se encuentran en Tierra del Fuego.
El comunicado explica que el Gobierno implementara un plan de financiamiento de 18 cuotas para la notebooks de ensamblado nacional y que el Estado comprará otras 250.000 unidades para el Programa Conectar Igualdad. Cabrera señaló que "la estrategia de transformación que busca mejorar la competitividad de toda la economía con el objetivo de generar empleo, es parte del Plan Productivo Nacional".
"Sin competencia tenemos computadoras obsoletas y caras, y trabajadores subempleados con bajos salarios y con competencia, las pymes y las familias van a tener acceso a mejor tecnología, generarán nuevos puestos de trabajo y el Estado acompañará a los trabajadores en la transición. El acceso a la tecnología a la vez favorecerá la inclusión digital", agregó el funcionario.
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