El Colectivo de abogados y abogadas querellantes en causas de Lesa Humanidad llevó a cabo la VI Jornadas Nacionales en la ciudad de Santiago del Estero en donde repudiaron la actitud del Gobierno nacional de retrotraer las políticas públicas vinculadas a la Memoria, la Verdad y la Justicia y exigieron que se declare el Estado de emergencia judicial.
En un extenso comunicado, los abogados argentinos junto a letrados de Chile y Uruguay, advirtieron: “El gobierno nacional niega la magnitud del genocidio perpetrado contra nuestro pueblo, utiliza la retórica discursiva de los represores, se refiere al Terrorismo de Estado como ‘guerra sucia’ y retrotrae las políticas públicas vinculadas a la Memoria, la Verdad y la Justicia, fundamentales para el sostenimiento del proceso de juzgamiento a sus responsables. Ante esto ratificamos una vez más nuestra posición contraria a cualquier expresión y acción que aliente o propicie la llamada teoría de los dos demonios”.
Apuntaron, asimismo, que “una buena parte del Poder Judicial se ha amoldado a estos tiempos, dictando resoluciones infundadas referidas a prisiones domiciliarias, faltas de mérito o absoluciones, en casos en los que existen sobradas pruebas sobre las responsabilidades de los imputados”.
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“Hoy la preocupación gira en torno a cómo frenar el avance del accionar reaccionario y negacionista del gobierno de Macri y sus aliados. Sus funcionarios, buscan transformar en impunidad y olvido las conquistas logradas por la lucha del Movimiento de Derechos Humanos y del pueblo todo”, asevera el Colectivo de abogados.
Además, denunciaron la “persecución y hostigamiento a abogados querellantes y a funcionarios judiciales que actúan en causas de crímenes contra la humanidad, exigiendo la urgente investigación de esos hechos”.
Frente a este contexto que es un nuevo avasallamiento a las políticas en derechos humanos, el grupo de letrados, exigió que “se declare el Estado de Emergencia judicial en las causas en la que se investigan crímenes de lesa humanidad y se dispongan todos los mecanismos legales, procesales y administrativos que garanticen que estos juicios cumplan con el principio de continuidad, celeridad, justicia pronta y efectiva”.
En ese sentido, denunciaron “el retroceso de los fallos de los tribunales uruguayos, las amenazas sufridas por los activistas de DDHH y los déficits en las investigaciones sobre esos hechos en aquel país” y reclamaron “juicio y castigo por la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel y de Facundo Ferreira”.
También, reclamaron “el cese de las políticas represivas y la persecución penal contra trabajadores, dirigentes políticos, sindicales, sociales y militantes populares, implementadas por el gobierno de Macri y sus aliados”.
Por otra parte, el Colectivo propuso la reforma del Reglamento para la Justicia Nacional para que se incorpore “un artículo que establezca la obligación de realizar al menos tres audiencias por semana en los juicios de lesa humanidad” por lo cual adelantaron que presentarán un proyecto de ley.
Y expresaron su repudio a la postulación de Inés Weimberg de Roca al cargo de Procuradora General de la Nación por su adhesión a la teoría de los dos demonios.
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