El conflicto social va in crescendo y ante esto, desde el Gobierno prometen "actuar". Como respuesta, el Movimiento Evita ya anunció que presentará un proyecto de ley para "proteger y promover" la protesta social, que incluye varios puntos en disonancia con el pedido de Macri de mayor firmeza ante el corte de calles.
El texto del proyecto, al que pudo acceder El Destape, incluye una amnistía general para todos los imputados en causas vinculadas con la protesta social. Además, modifica el Código Penal, para que solo se puede llevar adelante una causa contra un manifestante en los casos en los que se "creare una situación concreta de peligro contra la vida".
En la actualidad, el artículo 194 establece que será penado con tres meses a dos años de prisión a quien "impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación".
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El texto de la normativa denominada "Kosteki y Santillán" establece como fin "proteger y promover la protesta social", incluye que "el ejercicio del derecho a la protesta no deberá ser supeditado a la obtención de autorización previa por parte de las autoridades estatales". Este es un punto álgido ya que el protocolo antipiquetes establece que se abra una instancia de negociación previa y, en caso de no cumplir, se procede al desalojo.
Además, resalta como obligación de las autoridades la prestación de servicio de asistencia sanitaria y de seguridad en el lugar en el que se desarrolle la manifestación.
El momento de presentación de este proyecto no es casual. Sucede tras el pedido público del presidente Mauricio Macri de actuar con mayor firmeza ante los cortes de calle, en un momento de mayor conflictividad social. También, un día después del violento accionar de la Policía de la Ciudad, que reprimió una protesta de vecinos de La Boca por el asesinato de una mujer de 41 años en un episodio en el que no se sabe si el autor viste el uniforme de la Bonaerense o de la flamante fuerza de seguridad porteña.
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