El Gobierno firmó un acuerdo para atraer inversiones de Qatar, pero el memorando aún es secreto y prevé la creación de una offshore para que administre el fondo. Dado que el Ejecutivo comprometió el desembolso de dinero de la ANSES, los funcionarios intervinientes fueron citados al Congreso, pero se negaron a rendir cuentas.
La Comisión de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de las Normas Tributarias y Previsionales de la Cámara de Diputados citó a la canciller, Susana Malcorra, al asesor presidencial para Inversiones Extranjeras, Horacio Reyser, al director ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, y al titular del FGS, que era Luis María Blaquier hasta la presentación de su renuncia tras el escándalo de Qatar.
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Ninguno de los funcionarios se presentó en el Congreso para responder las preguntas de los legisladores, pese a que deben responder ante el Poder Legislativo cuando son interpelados. El diputado del Frente para la Victoria Juan Manuel Pedrini, titular de la comisión, lamentó la decisión de ausentarse de los miembros del Ejecutivo y aseguró a El Destape que insistirán en las citaciones "hasta que vengan a rendir cuentas". "Los funcionarios tienen que darnos explicaciones. Esto no es un emirato, todavía es una república", reclamó.
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Pedrini detalló que entre las consultas que tenían preparadas para los involucrados en el acuerdo con Catar está el pedido de hacer público el memorando firmado, que compromete fondos del FGS. "Íbamos a preguntarles por qué decidieron realizar una prórroga de jurisdicción, porque el fondo de inversión no se regirá por la ley argentina ni catarí. Además, queremos consultarles por el gerenciamiento del dinero, que será externo, por lo que no estaría obligado a rendir cuentas", explicó el legislador nacional por Chaco.
Los funcionarios pactaron que Qatar invertirá U$S 1.000 millones y el FGS otros U$S 300 millones. El dinero será administrado por un fondo de inversión extranjero, y el memorando ya publicado por este medio contempla que esté radicado en una guarida fiscal.
Luego de la investigación por el acuerdo, la Fundación por la Paz y el Cambio Climático denunció penalmente a Mauricio Macri y todos los funcionarios involucrados en las negociaciones y a Gastón Gaudio. Diputados del FPV encabezados por Guillermo Carmona ampliaron la presentación e incluyeron en la acusación al empresario Diego Nicolás Rosendi. La causa recayó en el juzgado de Daniel Rafecas.
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