Desde que fueron expropiadas, las acciones de YPF no pueden venderse libremente sin el aval del Congreso. Se debe a esto que el proyecto de ley del Ejecutivo para restringir la venta de las participaciones estatales en compañías excluye explícitamente las de la petrolera.
El lunes ingresó en el Senado el documento que la presidenta Cristina Kirchner anunció por cadena nacional. El documento, al que tuvo acceso El Destape, declara "de interés público la protección de las participaciones sociales del Estado que integran la cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (que gerencia la Anses), las participaciones accionarias o de capital de empresas donde el Estado sea socio minoritario o donde el Ministerio de Economía posea tenencias accionarias o de capital". Prohíbe así la transferencia de titularidad "sin previa autorización expresa del Congreso".
Le pertenece al Estado el 51% de las acciones de la petrolera, por lo que posee el control mayoritario en la firma y esto la deja fuera de la futura ley. Pero para evitar malentendidos, Presidencia lo escribió. "El proyecto prevé la expresa exclusión de las participaciones accionarias del Estado nacional en YPF SA y en YPF Gas SA", reza en su página 11 el original que hoy fue presentado en la mesa de entrada de la legislatura nacional.
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La participación en YPF ya fue limitada con su expropiación. "Deberá dejarse constancia que la expropiación de tales acciones es por causa de utilidad pública y que se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del Congreso, votada por las dos terceras partes de sus miembros", quedó asentado en el artículo 10 de la ley 26.741, que oficializó su nacionalización.