El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 8, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, procesó sin prisión preventiva al exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender y a la presidenta de la entidad, Hebe de Bonafini, por el desvío de fondos públicos. Decidió el mismo destino para Pablo Schoklender, el ex secretario de Obras Públicas José López y el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, por considerarlos penalmente responsables del delito de "defraudación a la administración pública por administración fraudulenta".
En la causa se investiga el financiamiento concedido por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación para la construcción de viviendas que fueran adjudicadas a la Fundación Madres de Plaza de Mayo en el marco del proyecto "Misión Sueños Compartidos".
Se consideró probado en el expediente que los hermanos Schoklender, en su calidad de apoderados de la Fundación, tuvieron una activa participación en la gestión y ejecución de las construcciones que se adjudicaran a esa institución y que, con posterioridad, una vez ingresados los montos correspondientes a esas obras en las arcas de la institución, desviaron la suma de $ 206.438.454.
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Ese monto lo canalizaron a distintas personas y empresas a través de cheques y transferencias a sus cuentas bancarias ("Meldorek S.A." y "Antártica Argentina S.A.", entre otras), o bien, a través de interpósitas personas y compañías que percibieron valores sin contraprestación alguna relacionada con la actividad propia de la Fundación y, a través de su cobro, imposibilitaron seguir su rastro (como, por ejemplo, "Cabaña Agropecuaria Del Zonda S.A." y "Agropecuaria Monte León S.A.", vinculadas a Guillermo Alejandro Greppi).
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En ese orden, el juez señaló que el éxito de la maniobra fue posible gracias a la utilización del prestigio y la trayectoria que la "Asociación Madres de Plaza de Mayo" cuenta en el área de la defensa de los Derechos Humanos y al "infiel desempeño" de López y Fatala, quienes articularon los mecanismos para que las construcciones de vivienda cuya financiación requerían las jurisdicciones provinciales y municipales fueran adjudicadas en forma directa a la Fundación.
Por el mismo hecho se dispuso también el procesamiento sin prisión preventiva de Bonafini, a quien se consideró "partícipe necesaria" de la maniobra, en tanto se valoró que conocía los desmanejos financieros que realizaban los apoderados de la Fundación que ella misma había instituido, y que, en esa línea, al menos participó de esos quehaceres aprobando los irregulares balances de la institución y autorizando indebidamente la tercerización a la empresa "Meldorek S.A." de los servicios que habían sido contratados directamente a la Fundación.
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