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En la presentación, que recayó en el juzgado federal a cargo del magistrado Daniel Rafecas con intervención del fiscal Gerardo Pollicita, se argumenta que la designación "contraría lo que es constitucionalmente lo debido y obligatorio" y constituye "un procedimiento ilegal y manifiestamente violatorio de la Ley Suprema".
En referencia al inciso 19 del artículo 99 de la Constitución Nacional, sobre el que se basaron las designaciones, los abogados sostienen que "el vocablo 'empleo' no abarca los cargos vinculados a la magistratura, sino exclusivamente a los relacionados con el Poder Ejecutivo (militares, embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocio). Una interpretación contraria vulneraría el principio republicano de gobierno, la división de poderes, el principio de independencia judicial".
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