Problemas de tránsito: los nuevos excluidos que genera el gobierno de Cambiemos

02 de junio, 2018 | 06.00

Ya es un clásico. Para la prensa del régimen el conflicto social es un problema de tránsito. Frente a cada manifestación popular de rechazo al rumbo de colisión del modelo económico se publican los “mapas de cortes”, los croquis de la afectación de la vida cotidiana de la gente que trabaja y lleva el país adelante, la vida de los que están adentro. Los que están afuera, los excluidos, los inconformes, los ajustados, se reducen a un molesto otro esperpéntico. El corte a la libre circulación vehicular se convierte en metáfora del choque contra la libre circulación que realmente importa, la de capitales y mercancías.

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Adentro y afuera vuelve a ser la cuestión. El regreso voluntario al FMI es la culminación del nuevo fracaso de las elites para diseñar y sostener un modelo económico políticamente estable. Sin embargo, no hay desacuerdo al interior de las clases dominantes. La aspiración es un modelo que para sostener la tasa de ganancia necesita “comedores funcionando las 24 horas”. Es una verdad cruda, dolorosa, con problemas de legitimación, el escenario más descarnado de la lucha de clases.

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Complementando, desde Salta, Mauricio Macri afirmó: “estamos haciendo las cosas tan bien que necesitaremos más cárceles”, una frase extraña en el marco de un sistema democrático. Otra metáfora involuntaria: si todo sale bien, más gente en prisión. Parece lógico, más gente afuera es más inseguridad. Dos tercios de la población afuera es un país invivible que demanda una sociedad blindada para el tercio que queda adentro. La mano dura, el regreso de las Fuerzas Armadas como fuerzas de ocupación de sus propios territorios.

La cifra final del préstamo “stand by” que se negocia con el FMI rondará los 30 mil millones de dólares y algunos aditivos. Como siempre ocurre con este tipo de pasivos, sólo estarán parcialmente disponibles y con desembolsos parciales sujetos a condicionalidades. Así, luego de haber tomado deuda por más de 100 mil millones de dólares y de duplicar los pasivos en divisas con acreedores privados y organismos, la cifra involucrada en el acuerdo con el Fondo no significará ni solucionará nada.

La intervención del Banco Nación en el mercado cambiario por alrededor de mil millones de dólares para sostener el dólar y la pérdida de reservas internacionales por 2000 millones, en ambos casos en la última semana y sin que se logre frenar la carrera alcista de la divisa, son indicativos de que la corrida contra el peso continúa en desarrollo. Mientras tanto, las demandas de dólares de la economía local siguen en aumento en relación a las exportaciones, al tiempo que la nueva deuda tomada por el gobierno ya adquirió vida propia. En adelante, lo que se ahorre en gasto público, es decir en jubilaciones, salarios e infraestructura, se destinará íntegramente al servicio de la deuda. El resultado será que la sucesión de recortes sobre el déficit primario, las noticias cotidianas de los próximos meses, difícilmente compensarán el aumento constante del déficit fiscal total.

Las proporciones contables a las que son tan afectos las consultoras de la city, pero que se evitan formular en estos casos, aparecen implacables. La economía avanza hacia un invierno sin fin. Bajo el actual modelo, los grados de libertad de la política económica desaparecieron. El país ya no define su política económica, ahora lo hace un consejo de burócratas de un organismo financiero. Y no lo hace porque haya sido indispensable recurrir a ellos, sino porque el gobierno aspiraba a las políticas implícitas en un acuerdo con el Fondo. La insustentabilidad financiera externa ya no es una predicción, es un hecho.

El próximo paso es la confirmación de la segunda insustentabilidad del modelo de Cambiemos, la social, la que hoy se manifiesta en el progresivo aumento de los problemas de tránsito. Una insustentabilidad que surge de la destrucción del entramado productivo. El modelo de Cambiemos sólo crea el marco para favorecer las exportaciones de commodities, bienes que se producen a escala y con baja demanda de mano de obra, al tiempo que se propone importar todo lo demás. La desindustrialización explícita, vale recordarlo, es un esquema que nació con la última dictadura. Su lógica subyacente era que el conflicto de clases se produce por la existencia de la estructura productiva que genera esas clases. Si se simplifica la estructura productiva, tales clases desaparecen. La dictadura impuso estas ideas con 30 mil desaparecidos, con preferencia por los integrantes de comisiones internas y luchadores sociales. Sin tantos muertos resultará un poco más difícil.

Las estructuras económicas que se complejizan generan también procesos de no retorno. Las clases que emergieron con la industrialización se resisten a desaparecer. Lo que diferencia a la Argentina de otros países de América Latina que no se industrializaron es su entramado sindical y su memoria social. Los llamados “setenta años de peronismo” representan la memoria de derechos y de ascenso social. El mundo del trabajo con el que sueña Cambiemos, en cambio, tiene menos fábricas, menos complejo científico tecnológico, menos universidades. El empleo para las clases subalternas se limita a los servicios o el trabajo doméstico. El ascenso social se torna improbable dentro de los márgenes del sistema. Este es el cambio cultural que expresa la segunda Alianza. Y en esta ambición subyace su fracaso. Los procesos de no retorno abiertos por la diversificación de la estructura productiva servirán de freno. El límite vive en la memoria social, que sabe existe otro país posible. Las rejas de la Plaza de Mayo están condenadas a desaparecer, arrasadas por la marea de la historia.