¿Sabían que un Presidente, aunque gobierne una semana, tiene una pensión vitalicia de privilegio? Por ejemplo a Adolfo Rodríguez Saa que asumió el 23 de diciembre de 2001 y renunció el 30 de ese mismo mes, le corresponden... $ 191.342 por mes.
Fernando De la Rúa huyó en helicóptero con un tendal de muertos bajo su responsabilidad, después de haber avanzado en quebrar el país con el "megacanje" que hizo con Cavallo y de tratar de imponer la flexibilización laboral con las coimas de la Banelco. Hoy cobra la friolera de $216.782 mensuales, al igual que Carlos Menem que después de entregarle a multinacionales el patrimonio nacional y el petróleo, dejó el gobierno con millones de desocupados.
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Hasta el procesado Amado Boudou reclama sus $ 140.000 mensuales de por vida por haber sido Vicepresidente.
Cristina Fernández está arriba de todos: no sólo cobra la suya como ex mandataria sino también la de Néstor Kirchner, llevándose $ 260.000 que se suman mes a mes a la fortuna familiar.
El Senador Federico Pinedo, que ejerció la Primera Magistratura por unas horas el 10 de diciembre de 2015, estaría en condiciones según las leyes vigentes a cobrar en forma vitalicia arriba de 200.000 pesos. Absurdo.
Los ministros de la Corte Suprema también tienen este privilegio que les da la Ley 24.018, aunque se les exige un período mínimo para gozar del mismo: cuatro años en su función vitalicia. A partir de allí seguirán cobrando la suma de todos los conceptos que recibían en actividad sin descuento alguno. Al resto de los funcionarios judiciales nacionales (jueces, fiscales, secretarios, procuradores, etc.) se les otorga automáticamente el 82% móvil del último salario, algo que se les niega al resto de los más de 8 millones de jubilados.
Ni que hablar de las jubilaciones de privilegio que le corresponde a los Arzobispos, Obispos y Prelados Castrenses de la Iglesia Católica, que sin haber trabajado un solo día en su vida cobran una asignación mensual vitalicia equivalente al 60 o al 70 por ciento, según el caso, de la remuneración fijada al cargo de Juez Nacional de Primera Instancia. Esto es a valores de la fecha entre 60.000 y 70.000 pesos mensuales, más de diez veces de lo que cobran la mayoría de los jubilados y pensionados del país, y el doble que la máxima que puede cobrar cualquier trabajador, hoy establecida en 36.330 pesos.
Con mi compañera Myriam Bregman impulsamos en el Congreso un proyecto de ley para derogar la legislación que permite estos privilegios, las leyes 22.731, 24.018 y 21.540.
Estas tres leyes instauran un régimen de privilegios para una casta especial de funcionarios políticos, judiciales y eclesiásticos inadmisible e intolerable. Y que nos llena de bronca también por los contrastes: hoy cerca de un 75 por ciento de las jubiladas y jubilados del país, habiendo trabajado muchos de ellos más de 40 años, perciben la mínima de $4.959.
Las clases dominantes les pagan a sus políticos y jueces por los servicios prestados, los trabajadores y el pueblo sufrimos el ajuste, los tarifazos y los despidos. No lo podemos permitir.
*Por Nicolás del Caño, ex candidato a Presidente por el Frente de Izquierda
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