En el Senado de la Nación las fuerzas opositoras cuentan con mayoría suficiente para impedir la aprobación del Presupuesto tal como fue sancionado en la Cámara de Diputados. El ejercicio de ese poder legislativo constitucional emanado del voto popular rechazando un plan de gobierno sería inmediatamente tildado de golpista y la oposición acusada de responsable de todas las tragedias que podrían desencadenarse sobre los argentinos como consecuencia de la volatilidad de los mercados ante un debate franco del Proyecto de Presupuesto 2019.
A la inversa, aprobar el Presupuesto a libro cerrado implica que el conjunto de la dirigencia política oficialista y opositora está dispuesta a convalidar un programa económico que, de cumplirse conforme a sus previsiones, presentará una caída de la demanda interna (consumo más inversión) para el año próximo del 5,2% del PBI, y que la única expectativa remota de compensación de ese impacto sobre la economía real es una suba de la demanda externa (exportaciones) del 20,9% del PBI, incremento que carece de registro histórico desde el modelo agroexportador colapsado en 1930.
Es evidente que una caída del 5,2% del PBI en el consumo y la inversión -que representan el 90% del total de la demanda agregada- nunca podrá ser compensado con una suba del 20,9% del PBI de las exportaciones. La pregunta a formularse es si los senadores de la oposición han ponderado adecuadamente la magnitud de la contracción que sufrirá la economía argentina de aplicarse este programa y sus impactos sociales.
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La política fiscal contenida en el Presupuesto 2019 es la que golpeará duramente al pueblo al contraer la economía y no la reacción de los agentes económicos más poderosos, si se establece un freno a la misma. No hay gobernabilidad en el ajuste sino en la expansión de la actividad. La posición de evitar “males mayores” no es sustentable porque nada puede ser peor que un abismo económico como el que propone el oficialismo en sus proyecciones. Los senadores deben evitar este falso dilema a la hora de legislar.
Como fundamento técnico de lo afirmado, el cuadro que sigue muestra la variación interanual que han sufrido nuestras ventas al exterior durante el gobierno de Cambiemos, incluyendo las proyecciones contenidas en el Presupuesto para el año próximo:
El cuadro precedente revela que las exportaciones en el trienio 2016-2018 crecieron a una tasa exponencial promedio anual del 3,4% y la previsión presupuestaria para el 2019 es que el salto interanual sea del 19%. Es decir, el año próximo las ventas al exterior deberán sextuplicar la tasa de crecimiento promedio anual de los tres años previos.
Para completar el análisis se agregó una evolución interanual de la tasa de devaluación a fin de correlacionar su comportamiento con la evolución de las exportaciones, y los números son elocuentes. Hay un divorcio casi absoluto entre el salto del tipo de cambio y la mejora en las ventas externas. Lo sorprendente del pronóstico que hace el oficialismo para el año próximo es que con una tasa de devaluación anual que se estima un 60% menor al promedio anual del trienio 2016-2018, las exportaciones sextuplicarán su tasa de crecimiento.
Este divorcio entre tasa de evolución de las exportaciones/tasa de devaluación obliga a imaginar que la penetración comercial en los mercados internacionales depende esencialmente de la demanda que provenga del exterior y de nuestra inserción en el mundo, antes que de las ganancias de competitividad alcanzadas por saltos en el tipo de cambio. Con un comercio global estancado desde hace una década y un conflicto comercial entre las principales economías del mundo (Estados Unidos y China), es inviable que la destrucción de la demanda interna que provoca este plan de gobierno sea compensada con un aumento de la demanda externa.
Eliminado por su inconsistencia técnica el único “drive” de crecimiento del PBI contenido en el Presupuesto 2019, queda al descubierto la magnitud del derrumbe económico prevista en el -5,2% del PBI que provocará la política fiscal que se le propone al Senado de la Nación.
Esta caída, que parte de una tasa de desempleo del 9,6%, concluirá en una desocupación abierta en torno al 12%. Alrededor de 2.400.000 argentinos permanecerán fuera del mercado de trabajo por imperio de este Presupuesto.
No hay invocación a una supuesta salvaguarda de gobernabilidad que justifique semejante daño a la Nación y a sus habitantes. La responsabilidad del Senado es consensuar con el Poder Ejecutivo una alternativa a este programa económico y socialmente inviable.
Está en sus manos hacerlo como única salvaguarda de la gobernabilidad real.
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