Con la necesidad de asegurarse la aprobación del Presupuesto 2019, el Gobierno nacional le otorgó beneficios impositivos a empresas para la explotación de hidrocarburos en Tierra del Fuego. Los votos de los fueguinos son clave para que el proyecto pueda ser convertido en ley durante la madrugada del jueves en el Congreso.
El benefició publicado hoy en el Boletín Oficial, a través del decreto 1049/2018, llegó en medio del ajuste fiscal y tras el tarifazo energético que garantizó costos dolarizados para las compañías. Con esta medida, se le vuelven a otorgar beneficios de zona franca para las nuevas explotaciones en gas y petróleo que se realicen en la isla.
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No es el único beneficio que el Gobierno le dio a Tierra del Fuego en el último tiempo. La semana pasada, cumplió con la promesa de exceptuar a partes de televisores y otros productos de ciertos aranceles de importación impuestos por Macri.
Así, el Gobierno buscará conseguir llevar para su bando más votos y lograr aprobar el Presupuesto, por lo que las miradas estarán posadas sobre los tres senadores de Tierra del Fuego, Miriam Ruth Boyadjian, Julio Catalán Magni y José Nato Ojeda.
En 1972 se sancionó la ley que establecía a Tierra del Fuego como zona franca. Esto permitía que las empresas que se instalasen allí no pagarían IVA, Ganancias, impuestos internos, entre otros. Sin embargo, en 2012, y por decisión del Gobierno de fomentar otro tipo de producciones, se eliminó la producción de hidrocarburos de las actividades beneficiadas impositivamente.
En aquel momento, el gobierno de Cristina Kirchner explicó que la medida de retirarle los beneficios impositivos se debía a "que el petróleo y el gas no pueden ser tomados simplemente como un commodity de exportación (...) sino que debe otorgárseles un tratamiento acorde al crecimiento del país, con cada vez mejor distribución del ingreso, con participación de los trabajadores y con cada vez mejores estándares de vida para toda la población".
Ahora, el gobierno de Mauricio Macri vuelve a otorgarle ese "premio fiscal" a las empresas productoras de gas y petróleo, que han recibido diversos beneficios del Gobierno, como la garantía de una renta dolarizada por sus explotaciones y el tarifazo en servicios públicos.
Precisamente, el Gobierno fue duramente criticado cuando quiso recargar a las facturas de gas el costo de la devaluación a los usuarios con un pago en 24 cuotas. El motivo era el pago a las empresas productoras de gas que por contrato ganan en dólares.
Finalmente, el Gobierno salió de la polémica abonando la diferencia de la cotización del dólar de forma retroactiva con un bono que pagarán todos los contribuyentes.
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