La campaña electoral entretiene a la sociedad, que después de los comicios sufrirá un nuevo ajuste. Para evitar las consecuencias de un eventual tarifazo tras las elecciones, el diputado nacional por San Luis Andrés Vallone presentó un proyecto de ley para recategorizar los procedimientos de las audiencias públicas, que Se busca afianzar los derechos de las entidades y las personas que participan de la misma y aumentar su injerencia.
El legislador aseguró que "hay que modificar por Ley las mal llamadas audiencias públicas para la modificación de tarifas. No hay participación Ciudadana y es una simple formalidad para legalizar el robo al bolsillo de los Ciudadanos”. Y añadió: “La opinión y aporte de los ciudadanos llamados a participar en las deliberaciones junto a los organismos, empresas, sociedades, entidades y dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, no es vinculante, por lo que es un mero trámite para cumplir con lo establecido constitucionalmente".
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El mecanismo de llamado comienza cuando el Ente regulador anuncia, con cierta anticipación, la realización de una Audiencia Pública, a las entidades de consumidores, ONGs, personas físicas o empresas pueden presentarse con previa inscripción. Dichas convocatorias se difunden mediante comunicados de las secretarías de cada sector para la fijación de los nuevos precios, ya sea para la energía eléctrica, gas, agua o transporte.
"Cuando se llega a la Audiencia Pública pareciera que ya está todo acordado entre el ente regulador y la empresa prestataria del servicio", enfatizó Vallone.
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