Potocar se negó a responder por el ingreso de la Policía en el colegio Mariano Acosta

25 de abril, 2017 | 15.53

El jefe de la Policía de la Ciudad se negó a contestar un requerimiento de la Justicia sobre los agentes que ingresaron con armas al colegio Mariano Acosta el jueves pasado. Antes de ser suspendido y encarcelado preventivamente bajo la acusación de recibir coimas, José Potocar debía responder si ordenó el operativo irregular en la escuela pública.

Potocar se encuentra bajo prisión por decisión del fiscal José María Campagnoli ante el escándalo de cobro de sobornos de parte de “trapitos” de la barra brava de River el año pasado. Se encuentra involucrada al menos una dependencia suya y existen acusaciones en su contra, cuando fue director general de Comisarías.

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El lunes Potocar fue suspendido por el ministro de Seguridad, Martín Ocampo, a pesar de que lo respaldó. Sin embargo, tenía hasta las 12 de la tarde de ese día para dar su descargo por la entrada de uniformados al Mariano Acosta. Cuando los agentes habían sido consultados por la rectora, respondieron que se acercaron porque allí iba a realizarse una movilización.

El plazo lo impuso quien lleva la investigación, la Asesoría Tutelar 1 ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña. Su titular, Gustavo Moreno, exigió respuestas pormenorizadas, entre las cuales, si él ordenó el operativo y cuáles son las pautas para la entrada a los colegios con relación a la portación de armas reglamentarias. Además de si dicho ingreso “se encuentra permitido y/o reglamentado”.

Según pudo saber El Destape, un día después de la fecha límite, Potocar no cumplió con el informe, pero tampoco ninguna autoridad de la Policía de la Ciudad, creada por Horacio Rodríguez Larreta el 2 de enero.

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Ante esto, Moreno deberá decidir qué medidas tomará contra la rebeldía de los mandos de la fuerza de coacción porteña ante un hecho de intimidación en una escuela pública. Fue el segundo suceso de policías dentro de un establecimiento educativo luego de la violación a la autonomía de la Universidad Nacional de Jujuy por parte de policías provinciales cuando reprimieron a dos alumnos el 13 de abril.

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