Desde Amnistía Internacional junto al CELS, a la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes y al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunciaron la crueldad y la ilegalidad con la que procedió el Estado argentino contra Vanessa Gómez Cueva, una joven peruana que fue deportada por sus antecedentes penales a pesar de que cumplió con la pena y se “reinsertó” en la sociedad, y a quien obligaron a dejar a sus dos hijos menores en el país.
Además, advirtieron sobre la inconstitucionalidad del decreto 70/17 mediante el cual, el presidente Mauricio Macri modificó la ley migratoria generando un retroceso en política migratoria y abonando un discurso xenófobo.
En conferencia de prensa, los organismos internacionales y en defensa de los derechos humanos, anunciaron que acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir una medida cautelar para que intervenga en el caso ya que el Gobierno de Cambiemos violó los derechos y garantías de la joven.
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La historia de Vanessa
En 2014, Vanessa cumplió su condena de 4 años de prisión por portación de estupefacientes a través de un juicio abreviado. Salió de la cárcel, comenzó a estudiar y de a poco empezó un proceso lento y constante de resocialización. Se recibió de enfermera y se hizo responsable de sus tres hijos argentinos.
A partir de que tenía una residencia precaria, la joven se presentó el año pasado en la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) para tramitar su DNI y así poder recibir le título de enfermera y se encontró con la notificación de que iba a ser expulsada por tener antecedentes penales. Vanessa presenta un recurso ante la DNM para dejar sin efecto la expulsión basándose en el arraigo de años viviendo en el país (más de 20) y que estaba al cuidado de sus tres niños. Finalmente se resolvió de forma contraria a los intereses de la mujer.
Ante esto, Vanessa decidió no contar más con el patrocinio dela Comisión del Migrante y quedó sin defensa técnica. La Dirección tampoco la intimó ni llamó a un defensor de menores para que intervenga, ya que, en caso de que se efectivizara la expulsión, tres menores quedarían huérfanos.
“Nada dijo y nada hizo la DNM. Por el contario, le enviaron al domicilio en el que ya no vivía la cédula de notificación. Ellos contaban con el celular de Vanessa y con otra dirección, pero le enviaron la notificación a una casa que estaba tapiada. Pasa un año, Migraciones dice que ella fue notificada y no concurrió, entonces, le pidieron al juzgado en lo Contencioso y Administrativo N°5 a cargo de la jueza Biotti, que procesan con la expulsión”, advirtió el defensor de la joven, Juan Villanueva.
El1 de febrero, dos oficiales se presentaron en la casa de Vanessa diciéndole que solo la iban a llevar a firmar un papel, pero no era cierto, fue trasladada engañada a una dependencia de la Policía Federal para concretar su expulsión.
“Ella no contaba con un defensor cuando se resolvió la expulsión, no fue notificada fehacientemente y la llevan engañada a la dependencia. Le dicen que sólo es firmar un trámite y que iba a volver pero nunca más volvió y no se pudo despedir de sus hijos. La habían engañado y la estaban deteniendo para expulsarla de Argentina”, subrayó el letrado y apuntó a que no es casual que todo el proceso se haya realizado “un viernes a la tarde cuando todos los juzgados están cerrados”.
Villanueva intentó durante ese fin de semana frenar la expulsión, pero no hubo caso, por el contrario, “cuando la DNM se entera que hay un abogado interviniendo en el caso, deciden trasladarla a Ezeiza sin notificación previa”.
“Ese lunes, mientras estaba en el juzgado poniendo en conocimiento a la jueza sobre todas las irregularidades del caso, me llama llorando Vanessa y me dice que habían agarrado a su bebé y la amenazaron con subirlo a un avión para enviarlo solo a Lima si no subía con él”, detalló el abogado.
No solo no se tuvo en cuenta el resguardo de los menores de edad, sino que mucho menos se respetó los derechos y garantías constitucionales de la joven que fue obligada a volver a su país bajo amenaza y extorsión. “El bebé que expulsaron con Vanessa es un ciudadano argentino como cualquier otro y fue expulsaron, no permitieron que ella se despidiera de su familia ni de sus hijos”, sentenció.
A partir de la difusión del caso, el abogado se reunió con el director de Migraciones, Horacio García, para ponerlo al tanto de todas las irregularidades, pero se mostraron “reacios a tratar el tema”. Otro punto del caso, es que sobre Vanessa pesa una pena más grave aún que es “la prohibición perpetua a la Argentina”.
El 14 de febrero, el abogado presentó un recurso en la Dirección y todavía no respondieron. A su vez, presentó un habeas corpus que se encuentra en el juzgado de Bioetti, quien aún no ha resuelto nada.
El enemigo es el migrante
La vulneración de derechos de Vanessa no hubiera sucedió si no fuera por el decreto presidencial 70/17, mediante el cual se modificaron algunos aspectos centrales de la Ley de Migraciones. Al respecto, el representante del área de litigios y defensa legales del CELS, Diego Morales, explicó que a partir de estas modificaciones “se acortó el tiempo que tiene un migrante para discutir con la DNM su expulsión, solo cuenta con 3 días para realizar cualquier trámite y en una semana, la Dirección puede tramitar su expulsión” y tensionó aún más la situación de aquellos migrantes que cuentan con antecedentes penales.
“Antes la expulsión estaba relacionada a un hecho grave y una pena superior a tres años. Con las modificaciones por DNU, ahora la expulsión podrá ser por cualquier tipo de delito, no es necesario tener una condena sino solo estar en un proceso judicial”, indicó.
Además, el decreto deja sin efecto la injerencia de la Justicia para evaluar la posibilidad de una expulsión, ya que, “antes se contaba con mecanismos para evaluar en cada caso la importancia de la familia o el arraigo de la persona migrante, había una alternativa, pero ya no”. Ahora, esas herramientas “fueron eliminadas y queda prohibido para cualquier juez evaluar las unidades familiares” lo que significa que la Justicia solo está para acatar las órdenes de la Dirección Nacional de Migraciones. Sólo el director es capaz de dar marcha atrás con una expulsión.
Ante un DNU que vulnera las garantías procesales y el derecho de defensa, los organismos presentaron un recurso para que se declare la inconstitucionalidad del decreto y lo está evaluando la Corte Suprema de Justicia.
Un patrón que se repite
No solo es ilegal la forma en la que procedió el DNM para expulsar a Vanessa, sino que tampoco contemplaron el daño irreparable que le generaron a los hijos de la mujer, que de un día para otro no vieron más a su madre. Villanueva, al respecto, indicó que los dos niños se encuentran con la familia de ella, pero no reciben ninguna asistencia del Estado nacional, mientras que Vanessa está en Lima con su hijo más chico, viviendo en una habitación que le prestaron, ya que, toda su familia está en Argentina.
La crueldad y violencia dela Dirección de Migraciones de omitir el tema, no es solo en el caso de Vanessa, ya que, según advirtieron los organismos de derechos humanos e internacionales, es un patrón que se repite en varios casos y genera preocupación.
“Recibimos varias situaciones similares como de una joven llamada Sierra Chávez que fue expulsada de la misma forma mientras su hija de 14 años estaba en el colegio. Tenía una nacionalidad precaria y engañándola, la expulsaron. Tenemos situaciones de hombres que también fueron expulsados de esta forma”, señaló Gabriela Liguori, directora ejecutiva del CAREF.
El modus operandi es el siguiente: envían una notificación en puerta a un domicilio en el que el migrante ya no vive, no recibe la notificación, Migraciones pide que la Justicia lo detenga, el migrante no accede a toda la información y lo expulsan de forma perpetua.
Bajo el discurso de ligar a los migrantes como responsables de delitos de mayor grado, el DNU expresa en la realidad una política xenófoba y retrógrada que no contempla los derechos de los niños, separa familias y avasalla las garantías y derechos de una persona que vive en el suelo argentino.
Junto a los organismos, Villanueva exigen la reunificación de la familia en Argentina, que el Estado responda al respecto y se derogue el decreto.
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