En abril de 2017 la policía de Jujuy irrumpió en la Universidad Nacional de esa provincia y detuvo a dos jóvenes estudiantes. El hecho estuvo fuera de los parámetros del Estado de Derecho. ¿Por qué es ilegal?
La Ley de Educación Superior Nº 24.521 sancionada y promulgada en 1995 establece una serie de derechos y obligaciones sobre los establecimientos educativos universitarios y no universitarios.
Dicha ley en su artículo Nº 31 deja establecido que las fuerzas de seguridad no pueden ingresar a las universidades nacionales sin una orden de un juez.
En el Título VI sobre la Educación Superior Universitaria se encuentra el Capítulo 2 "De la autonomía, su alcance y sus garantías". Allí, en el art.31 se expresa: "La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida".
Por lo que queda expuesta la Gobernación de Jujuy, comandada por el radical Gerardo Morales, que fuera de las normas metió a su policía a la universidad nacional para detener a dos jóvenes.
¿Qué fue lo que pasó en Jujuy en abril de 2017?
El hecho sucedió el jueves 13 de abril de 2017 por la noche. Con un violento operativo, la policía ingresó al buffet de la Facultad de Ciencias Agrarias y detuvieron al estudiante Ignacio García y Joaquín Quispe, presidente del Centro de Estudiantes de ese establecimiento.
“No se llevaron a más estudiantes porque estxs se refugiaron adentro de los autos y la policía no los pudo sacar de ahí. Lxs estudiantes que se quedaron llamaron al Decano, que se hizo presente en la Seccional 1ª y le reclamó la orden judicial a la oficial a cargo. Esta le contestó que no tenían orden porque se los llevaron por una ¡contravención!, lo que muestra la impunidad con la que actúan y el desconocimiento más elemental de la cuestión de jurisdicciones y leyes vigentes”, continuó la denuncia.
Una semana después, un grupo de 17 efectivos de la Policía de Jujuy fue imputado por el fiscal de Investigación Penal N° 4 bajo los cargos de “allanamiento ilegal, abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad”.
El estudiante Joaquín Quispe denunció que durante su detención los policías lo sometieron a un “ahorcamiento” y que le negaron la posibilidad de una llamada telefónica.
El entonces jefe de la Policía provincial, Aldo Soles y el subjefe, Natalio Ruiz, presentaron posteriormente su renuncia al cargo, lo que no evitó que también fuesen imputados.
Otro suceso que vuelve a la Jujuy de Morales un "Estado de excepción", con el antecedente de ser la provincia que tiene a la presa política Milagro Sala en la cárcel hace ya casi un año y medio pese al pedido de libertad de organismos políticos, sociales, de Derechos Humanos internacionales, de la ONU, de Estados Unidos y que hasta la Procuración ya recomendó su liberación a la Corte Suprema, que tiene ahora a cargo el caso.
Mientras tanto, el gobernador de la Provincia de Jujuy desde 2015, manifestó públicamente en su cuenta de Twitter el repudio a las acciones arbitrarias de la policía. Las calificó de ser una "vergüenza" y lamentó que el hecho pasara durante su gobierno.
El de Jujuy no fue el único caso durante 2017 de un accionar de las fuerzas de seguridad en la universidad, por fuera del marco del Estado de Derecho.
También en abril, un operativo de la Policía Federal ingresó en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, en Río Negro. En octubre, un vehículo de la Gendarmería Nacional hizo un recorrido no autorizado por el predio del Centro Universitario Rosario, en Santa Fe.
Importancia de la Ley de Educación Superior
La Ley de Educación Superior significó un punto de inflexión en el proceso de modernización del sistema universitario de Argentina. Puso en contexto y le dio un marco legal al concepto de autonomía universitaria.
A partir de esta ley se ampliaron y regularon las atribuciones de las instituciones universitarias y universidades dándoles mayor libertad y responsabilidades.
Se le otorgó la potestad a las universidades de dictar y reformar sus estatutos, definir sus órganos rectores, formular y desarrollar los planes de estudio. Además, promover el desarrollo de investigaciones, garantizar los niveles de calidad y profundizar en los procesos de democratización de las instituciones.
Y algo fundamental: se estableció que solo el Congreso de la Nación tiene la facultad de intervenir las instituciones universitarias nacionales o el Poder Ejecutivo durante su receso en casos excepcionales.
La promulgación de la Ley de Educación Superior permitió la expansión del sistema universitario y el fortalecimiento de la inclusión educativa. En materia de derechos, los estudiantes gozan de la oportunidad de asociarse libremente en centros o federaciones y participar en el gobierno y en la vida de la institución.
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