La Confederación de Asosiaciones de Diálisis de la República Argentina (CADRA) adelantó que desde el lunes 5 de septiembre todos los centros privados de diálisis del país dejarán de recibir nuevos pacientes derivados por el PAMI. El presidente de la entidad, Miguel Discepolo, señaló que la medida surge por la falta de respuestas positivas de las autoridades de la obra social de los jubilados, a los recurrentes pedidos de los nefrólogos con respecto a la actualización del costo de los servicios.
En ese sentido, el comunicado oficial sostuvo que "la medida surge ante la falta de respuestas positivas de las autoridades de la obra social de los jubilados, a los recurrentes pedidos de los nefrólogos con respecto a la actualización del arancel de los servicios, prácticamente sin aumentos significativos desde hace bastante tiempo”.
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A principios de julio, el titular director ejecutivo de PAMI, Sergio Cassinotti, recibió una carta documento por parte de los profesionales en la que le advertían sobre la gravedad de la crisis e indicaron que, si no se actualizaba el valor del arancel, en agosto no estarían en condiciones de recibir nuevos pacientes del organismo. En el documento le anticiparon que de persistir el conflicto, desde el 5 de setiembre próximo, se suspendería la atención de los pacientes en tratamiento, quiénes seguirán recibiendo el servicio hasta que el PAMI indique la derivación.
En Argentina, son 31.000 personas que se encuentran bajo tratamiento en los más de 500 centros distribuidos a lo largo del país y un tercio de estos pacientes corresponden al organismo. Si nadie remedia esta situación - los estudios de diálisis de los pacientes de PAMI- el monto total deberá ser pago de forma particular.
Según señalaron desde CADRA a BAE Negocios, el valor de las sesiones rondan los $4500 y en estos momentos PAMI está derivando solamente $3100. En paralelo, los profesionales denuncian que recién este martes fueron recibidos por primera vez por el subdirector ejecutivo del PAMI, Víctor López Monti, quien ofreció constituir una mesa de trabajo conjunta para los próximos 60 días, pero su propuesta fue rechazada.
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