Finalmente, el Gobierno nacional publicó el polémico decreto que extiende el mandato de los titulares de la oficina a cargo de las escuchas. Increíblemente, se trata de una modificación, vía DNU, de otro DNU firmado por el Presidente y que toma facultades que el propio jefe de Estado le había otorgado a la Corte Suprema hace poco más de un año.
A través del decreto 102/2017, publicado en el Boletín Oficial con la firma de todo el gabinete, el Gobierno prolongó el mandato de los magistrados bajo el argumento de "no poner en riesgo el correcto funcionamiento del área durante una etapa crítica de su desarrollo institucional". A fines de 2015, el Gobierno transfirió el manejo de las escuchas de la órbita de la Procuración General al de la Corte Suprema.
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En el contenido del DNU se establece que el nuevo mandato de los titulares de la flamante dirección durarán en su cargo por 3 años. Además, ahora permite que el subdirector pase a ocupar, transcurrido ese plazo, el lugar de director por el mismo período para luego no poder volver durante seis años.
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Hasta esta medida, el mandato del director y subdirector era de un año, y luego no podían volver a ocuparlo por otros cinco. Para llegar a ese cargo, debían ser jueces nacionales con rango de camarista.
Pero lo más polémico está en el artículo 2. Allí, se establece que "por única vez", "se podrá mantener por el plazo de TRES (3) años contados a partir de la publicación del presente, a los jueces que fueran designados por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN mediante la Acordada N° 2/2016". Es decir, habilita la reelección de los magistrados a cargo, potestad de la Corte Suprema.
La DICOM estaba (y posiblemente seguirá estando) a cargo de los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra, designados por sorteo por el máximo tribunal. Todo el sistema quedó envuelto en críticas tras las filtraciones de las escuchas de las conversaciones entre Oscar Parrilli y Cristina Kirchner.
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