El gobierno de Cambiemos modificó la ley de satélites para favorecer a operadores "públicos o privados" en el desarrollo de tecnologías. Hasta ahora, la empresa estatal AR-SAT, que puso en órbita satélites nacionales, tenía preferencia.
Se trata de la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital 27.078, sancionada en noviembre de 2015, la cual declaró de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones y sus recursos asociados.
Según se publicó hoy en el Boletín Oficial, mediante el decreto 58/2019, "resulta necesario y urgente establecer medidas concretas a efectos de posibilitar que el ESTADO NACIONAL, conforme los procedimientos de asignación establecidos en el Decreto N° 1340/16 ponga a disposición de prestadores de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones las bandas de frecuencias consignadas en el Anexo II de la Ley N° 27.208, reservadas con carácter preferencial a la EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES SOCIEDAD ANÓNIMA AR-SAT, de manera de promover su utilización para la prestación de los Servicios de Comunicaciones Móviles".
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Además, desde la gestión de Cambiemos se estableció que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) asignará en forma directa a AR-SAT "las frecuencias que requiera para el cumplimiento de sus fines". Para promover la "competencia" y el "desarrollo regional", el Gobierno decretó otorgar "participación a prestadores de Servicios de TIC de carácter regional o local, públicos o privados".
Para el Poder Ejecutivo, esto podrá "generar condiciones de competencia y promover el desarrollo regional, al asignar las frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación de Servicios de Comunicaciones Móviles", por lo cual el ENACOM "otorgará participación a prestadores de carácter regional o local, públicos o privados", la cual no podrá ser menor al 20% de las frecuencias a asignarse.
Para el Gobierno, fue necesario tomar esta medida mediante un DNU por "la urgencia que impide aguardar al trámite ordinario de sanción de las leyes" ya que "esperar el trámite legislativo habitual irrogaría un importante retraso que obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos de la presente medida".
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