El Pequeño Cottolengo de Don Orione, en la localidad bonaerense de Almirante Brown, asiste a 370 personas con discapacidades severas que no tienen familia, o en varios casos, su entorno no puede hacerse cargo por no contar con los recursos necesarios. Hace más de 80 años que el hogar contiene y ayuda a personas con capacidades diferentes y ahora, por la falta de de decisión política o burocracia estatal, corre peligro de cierre ya que el gobierno nacional hace más de siete meses que no le deposita las prestaciones que corresponden al Plan Federal Incluir Salud.
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Además, el programa suspendió la entrega de medicamentos, de insumos dietoterápicos para las personas alimentadas por dispositivos enterales o sondas nasogástricas y no otorga cobertura de elementos ortopédicos y pañales. Por tales razones las prestaciones se realizan con riesgo de suspenderse.
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Si la situación no se revierte, desde el Cottolengo advirtieron que no podrá seguir funcionando y ya no podrán pagar los sueldos de los 400 trabajadores que posee el hogar.
Desde la Agencia Nacional de Discapacidad argumentaron el retraso en que existe un problema de facturación que “lo van a resolver en lo inmediato”, pero los días pasan y todavía no hay una solución ni una fecha estimada.
“Estamos en una situación crítica esperando que se pueda solucionar este problema porque no podemos pagar los sueldos ni la deudas pendientes que tenemos. Hasta el momento, nos dicen que nos van a pagar, pero no se concreta el pago y el tiempo pasa”, advirtió la coordinadora de la Obra Don Orione, Beatriz Pérez, en comunicación con El Destape.
Indicó que las 370 personas que viven en el Cottolengo sufren “discapacidades severas y profundas, la gran mayoría no tiene familia y otros tantos tienen familias con pocos recursos como para atenderlos porque son pacientes que tienen un nivel de asistencia y requerimiento importante y es lógico que no se puedan hacer cargo”.
La situación es crítica y no solo por los pacientes que no saben a dónde irán si el hogar debe cerrar sus puertas, sino que se suma “la deuda a los proveedores a los que se les debe el pago de alimentos, medicamentos, pañales e insumos” y los 400 puestos de trabajo que desaparecerían.
“El tema es urgente. Hay una ley que es la 24.901 que establece la obligatoriedad por parte del Estado para darle cobertura a las personas con discapacidad y que se brinda a través del programa Incluir Salud. Es un derecho establecido por ley, no es una subvención, es un derecho”, sentenció Pérez.
En la previa de la campaña electoral del 2017, la vicepresidenta Gabriela Michetti visitó el Cottolengo junto al candidato oficialista a concejal de ese momento, Carlos Regazzoni. En ese tiempo, la funcionaria anunció la puesta en marcha del Plan Nacional de Discapacidad y se mostró “conmovida” por el trabajo que lleva adelante el hogar. Un año después, el atraso del pago de las prestaciones lleva al Cottolengo a la imposibilidad de afrontar lo que viene.
“Este mes no podemos pagar los sueldos. Esto viene pasando hace rato, hace dos años que hay atrasos pero nunca pasó por tanto tiempo. Al principio, usábamos los recursos que teníamos guardados pero ahora hacemos malabares para poder llegar a fin de mes. No tenemos más recursos”, reclamó la coordinadora.
Y sentenció: “No podemos cerrar las puertas, no los podemos dejar en la calle por eso esperamos que puedan resolver el problema lo más rápido posible porque se nos haría insostenible seguir funcionando así”.
Cabe aclarar que El Destape intentó comunicarse con la Agencia Nacional de Discapacidad, pero fue imposible. Mientras los días pasan y la incertidumbre va en aumento, paradójicamente el martes 11 de septiembre la Fundación Konek premiará al Cottolengo de Don Orione por su trabajo solidario para la comunidad.
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