Dos energéticas se instalaron en medio de una ciudad en Pilar a pesar de tratarse de una actividad altamente contaminante. Consiguieron la venia municipal, pero los vecinos consiguieron frenar su inauguración con un amparo judicial. Ambas apelaron y una de ellas optó por dar una batalla más agresiva en los tribunales, que incluyó presiones explícitas al juez de la causa.
APR Energy y Araucaria Energy se emplazaron en medio del poblado de Villa Rosa, en Pilar, a escasas cuadras del límite con Escobar. El punto elegido media con una planta distribuidora de Edenor y a 2,5 kilómetros del gasoducto zonal, por lo que precisan inversiones cercanas a cero para las conexiones.
Pese a ello, están ubicadas en una zona residencial, que sólo fue modificada a “industrial exclusiva” por pedido de las compañías de forma irregular. El mismo informe de análisis ambiental de APR Energy, la multinacional, admitió que el normal funcionamiento de la usina afectará a la población que la rodea.
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APR Energy no sólo apeló la cautelar que consiguieron los habitantes de la zona, representados por Gustavo Madeira, sino que recusaron al juez federal de Campana Adrián González Charvay. Lo hizo el 27 de abril el apoderado de la empresa, David Halperín, con patrocinio del abogado Eduardo Guemes.
La corporación argumentó que el magistrado “posee interés en la resolución del presente proceso por el hecho de ser vecino de la zona afectada por el emplazamiento de la Central (de generación energética) Matheu II”, de acuerdo a lo que consta en el expediente, al que tuvo acceso El Destape.
En una actuación desesperada, los letrados declararon que González Charvay “se domicilia en el barrio privado Los Sauces, sito en el municipio de Pilar, provincia de Buenos Aires. Para ser más gráficos, aquel se domicilia a escasos 3,3 kilómetros del lugar donde se encuentran emplazadas tanto la Central Matheu II, operada por APR, como la Central Termoeléctrica operada por Araucaria Energy SA”. Acompañaron esto con una constancia de la Cámara Nacional Electoral con sus datos personales y una imagen satelital del presunto domicilio.
Sin embargo, el juez aclaró que no reside en el domicilio señalado desde noviembre de 2016, aunque se mantiene dentro de Pilar. En su informe posterior al requerimiento de la multinacional, González Charvay resaltó que el reglamento para la Justicia Nacional lo obliga a residir en donde desempeña sus tareas “o dentro de un radio que no exceda los 70 kilómetros”.
“He tenido asuntos penales en orden al delito de narcotráfico en los cuales -a partir de las investigaciones desarrolladas- dispuse el libramiento de diversos allanamientos contra domicilios ubicados en el barrio Los Sauces, con la consecuente detención de las personas involucradas en las maniobras delictivas; y no por ello en modo alguno se ve afectada la garantía de imparcialidad inherente al ejercicio de la función jurisdiccional”, graficó el magistrado que tiene bajo su jurisdicción seis partidos bonaerenses.
Tras ello, la Sala 2 de la Cámara Federal de San Martín consideró al intento de recusación “manifiestamente improcedente y carente de fundamento consistente”. Pero además, en su fallo del 14 de mayo, los jueces entendieron que esta especie de “investigación privada” de la empresa tuvo un proceder “descalificable”.
Por esto, los camaristas Alberto Lugones y Juan Pablo Salas le impusieron además una multa de $ 10.000 a APR Energy y enviaron una copia del incidente al Tribunal de Ética del Colegio Público de Abogados de San Isidro para que evalúe la conducta de los abogados de la multinacional.
La otra compañía contaminante de Pilar
Araucaria Energy posee fuertes vínculos con la Casa Rosada. Como reveló El Destape, fue fundada en 2016 por un estudiante de 20 años y un contador con sólo $ 100.000. El hermano de Mario Quintana, Norberto, le consiguió U$S 500 millones para las inversiones iniciales después de que el Ministerio de Energía le garantice un ingreso superior a los U$S 10 millones mensuales.
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