En tal sentido, el planteo carece de toda seriedad y del más mínimo rigor técnico, con lo que queda en evidencia que se trata de un artículo tendencioso que tiene como único fin sostener un titular mentiroso.
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El artículo periodístico imputa un supuesto desvío de fondos al confundir intencionalmente la nominación presupuestaria de una obra vial con su ejecución real de obra, dando sustento a la falacia de que "se ejecutaron obras que no se hicieron", algo falso y técnicamente imposible: no puede erogarse un solo peso en una obra sin la correspondiente certificación, procedimiento administrativo que consta de más de 20 pasos. Basta recorrer el territorio para ver que cada peso ejecutado tiene su correlato en obras concretas y palpables.
El presupuesto previsto para obras que por diversos motivos (como factibilidad técnica) no se inician es reasignado a las que están en ejecución sin que eso constituya ningún delito ni un "desvío de fondos", ya que si así fuera deberían decir a dónde se desvían los recursos, quiénes lo llevaron adelante y a quién se beneficia.
Cabe recordar que la ejecución de los programas de obra pública se desarrolla cumpliendo con todos los mecanismos de control previstos en las normas, como la SIGEN, AGN y los controles internos.
En relación con la Ruta Nacional Nº40, donde según La Nación no se hicieron 5 tramos, cabe aclarar que de los 1.400 kilómetros que corresponden a la provincia de Santa Cruz, resta sólo la pavimentación de unos 250 kilómetros, que están en ejecución, lo mismo que la Autovía Nacional Nº8, que tiene 10 licitados, de los cuales 3 están en ejecución y otros 3 a iniciar.
Respecto de las afirmaciones del diputado Manuel Garrido, un inveterado denunciante serial que nunca pudo probar una de sus acusaciones, se informa que las obras en escuelas son financiadas por un organismo de crédito internacional, el BID, que impone estrictos mecanismos de control, como auditorías externas ex post de todos los pagos, acción realizada por la AGN a requerimiento del BID.
Asimismo, debería saber Garrido que la construcción de viviendas se ejecuta en forma descentralizada, girando el Gobierno Nacional fondos a las provincias para tal fin, que son quienes desarrollan los proyectos, licitan las obras, adjudican, contratan, controlan y pagan los certificados. En todos los casos se suman a los controles nacionales aplicados los provinciales.
Es llamativo que el diario La Nación no dedique un centímetro para informar la fenomenal subejecución de las partidas para obras públicas por parte del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que conduce Mauricio Macri, que este año alcanza al 42 por ciento del presupuesto, el mismo nivel que en 2014 con un presupuesto incluso menor, y continúe objetando mediante imputaciones falsas de toda falsedad la ejecución del plan de obras públicas más importante de la historia a los efectos de atacar al Gobierno Nacional.
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