Hace cinco años, la Comisión contra la Tortura de la ONU advirtió a los Estados Unidos por los excesos en el uso de las pistolas Taser X26. Las mismas fueron autorizadas por el Ministerio de Seguridad para el uso en las fuerzas federales. Incluso, las Naciones Unidas advierten que las mismas son mortales.
En el informe, que analizó el funcionamiento de las fuerzas de seguridad y la Justicia de los Estados Unidos, dedica un apartado especial para el uso de estas armas, publicitadas como "no letales", como una ventaja en comparación con las tradicionales armas de fuego que suelen portar los agentes de seguridad. Allí, la comisión asegura estar "preocupada" por los numerosos y consistentes" reportes del uso de las Taser contra personas desarmadas, menores de edad o personas que habrían cometido delitos menores, que no justificarían el uso de ese elemento.
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En declaraciones a TN, Bullrich puso como ejemplo al Hospital Posadas como un lugar donde podría llegar a utilizarse las Taser ante una situación violenta. Comparación poco feliz, ya que el Posadas fue el lugar donde operó el ex centro clandestino de detención "El Chalet".
La comisión de la ONU remarca estar "horrorizada" por la cantidad de muertes reportadas por el uso de las Tasers, y cita los casos de Israel "Reefa" Hernández Llach y Dominique Franklin. Hernández Llach era un adolescente de 18 años, graffitero, que habría sido hallado realizando una pieza de arte callejero y, en una situación confusa, recibió una descarga de este dispositivo que le causó la muerte, según concluyó la autopsia.
Franklin, por su parte, era un joven negro de Chicago que presuntamente intentó robar un comercio y le dispararon con una Taser. La descarga lo dejó malherido y murió dos semanas después.
En su informe, la ONU pide que el Estado revise las normas que regulan el uso de estos dispositivos para que sean utilizados únicamente en situaciones extremas, cuando hay un serio riesgo, y estableciendo un límite claro para que no se use contra mujeres embarazadas o niños. Exige, a su vez, que se respete el criterio de proporcionalidad en su empleo y rechaza la utilización en institutos penitenciarios.
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