El senador Oscar Parrilli pidió que se suspenda la creación de sociedades por acciones simplificadas (SAS), también denominadas como las nuevas offshores argentinas. Mauricio Macri había permitido su aparición en 2017 con la excusa de que servían para el surgimiento de emprendedores.
En el primer artículo, el proyecto plantea: “Suspéndase por 180 días corridos la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) reguladas en la ley 27.349 y toda tramitación de los actos concernientes a su operatoria que requieran inscripción”. El documento ingresó el miércoles a la cámara alta, acompañado por las firmas de los legisladores Nancy González, Jorge Taiana, Nora Giménez, Ana María Ianni, Antonio Rodas, María Inés Pilatti, Anabel Fernández Sagasti y José Mayans.
La concisa propuesta consta de sólo dos artículos principales. El segundo punto establece que se disponga “el traspaso inmediato del registro digital de las SAS a los libros de registro que disponga la autoridad de contralor”, sea la Inspección General de Justicia o los registros públicos del interior.
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El congresista neuquino aclaró en el proyecto que el objetivo será avanzar en la regulación de estas sociedades sin afectar proyectos de verdaderos emprendedores. “Se busca que todos aquellos emprendedores que utilizaron este molde societario puedan verse beneficiados de la seguridad jurídica en sus relaciones comerciales que brinda el control efectuado por la IGJ, tal como ocurre con los demás tipos societarios”, reza el documento.
Las SAS son una estructura societaria que surgió por una ley que Cambiemos promovió en marzo de 2017 y que permite inscribir una compañía en 24 horas. Esta velocidad para el surgimiento tiene su equivalente en el casi nulo control oficial que se les aplica. De esta forma, son un mecanismo que puede ser utilizado con facilidad para ilícitos, como evasión y lavado de dinero. También pueden servir para defraudar socios, trabajadores, proveedores y hasta organismos públicos.
Rodrigo Sbarra, el ex funcionario macrista que dejó un sobre con U$S 10.000 en un cajón de su despacho, fue denunciado por el diputado Rodolfo Tailhade por utilizar al menos dos sociedades anónimas simplificadas a través de prestanombres. Entre Desarrollos Digitales Globales SAS y Depuración General Sustentable SAS, le facturaba $ 24 millones por mes al Ministerio de la Producción en la gestión anterior.
El actual titular de la IGJ, Ricardo Nissen, que erradicó a las compañías de guaridas fiscales que operaban en el país cuando se había desempeñado en el mismo cargo en 2005, calificó a las SAS como un “caballo de Troya para incorporar al derecho nacional un modelo argentino de sociedades offshore”. En el libro La sociedad por acciones simplificada, Nissen incluso vinculó el surgimiento de esta ley en 2017 con los Panamá Papers, que fueron revelados un año atrás y involucraron al entonces presidente y a una gran cantidad de sus allegados. Una investigación de El Destape de ese año había descubierto 51 offshores vinculadas a Macri.
El mes pasado, la IGJ derogó “en su totalidad” una norma dictada por la gestión anterior en 2018, que neutralizaba los controles a las sociedades offshore y que había sido aprovechado por numerosas empresas para inscribirse.
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