Las tres operadoras del Puerto de Buenos Aires le pidieron al Gobierno que se prorrogue la apertura de sobres de la licitación por la cual se entregará un inmenso negociado a una sola empresa, por el plazo de 50 años. Es que el macrismo pautó esta acción para el 2 de diciembre, ocho días antes de dejar la Presidencia de la Nación.
El Destape accedió al documento que Terminales Río de La Plata, una de las operadoras, envió a la intervención de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (AGP), dirigida por Gonzalo Mórtola. Sin embargo, según pudo saber este medio, también lo hicieron APM Terminals y Bactsaa. Las tres se sumaron al pedido de prórroga de la licitación, junto con ICTSI.
Se trata de la Licitación Pública Nacional e Internacional 12/19 para la Concesión de Obra Pública para la construcción, conservación y explotación de la terminal portuaria de Puerto Nuevo-Buenos Aires, cuya apertura será el próximo 2 de diciembre a las 11 de la mañana, una semana antes de que Mauricio Macri abandone la Presidencia.
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Como contó este medio, desde agosto, por presión de Nicolás Caputo se diseñó un plan para que el Puerto se reduzca a la operación de una sola empresa, achicándolo, derivándolo a una isla en terrenos ganados al Río de la Plata para habilitar un enorme negociado inmobiliario. Además, ese Puerto, el único federal, concentra el 65% del comercio internacional por lo que se propiciaría la concentración brutal y la creación de un importante monopolio.
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En el texto, Sergio Samolsky, apoderado de Terminales Río de la Plata, aseguró que se "modificaron drásticamente las condiciones políticas, económicas y financieras para desarrollar un proyecto de las características extraordinarias e inéditas" que tiene el mencionado, lo que "torna como mínimo imprudente cualquier actuación que se realice en este marco que, lamentablemente, es de profunda incertidumbre e inestabilidad".
Además de algunas faltas referidas a información clave sobre la licitación, necesaria para presentarse como oferentes, la operadora destacó que "en las últimas semanas ocurrieron eventos macroeconómicos en nuestro país que alteraron drásticamente el escenario económico financiero".
En este sentido, el texto al que accedió El Destape señala que las elecciones "produjeron cambios profundos en las condiciones de mercado del país", en referencia a las PASO y al enojo de Macri que derivó en una brutal devaluación del peso, "que repercutieron natural e inmediatamente en las posibilidades y condiciones económicas y de financiamiento en general, e impactan en este proyecto en particular".
Además, se destacó que "el Poder Ejecutivo adoptó nuevas medidas que agravaron aún más esas circunstancias" y que "aproximaron al país a un default selectivo según las calificadoras de riesgo", lo que derivó en el "reperfilamiento" macrista "para el pago de los títulos del país a corto plazo, con pérdida grave de su valor en que muchas empresas tenían colocado su capital de trabajo".
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En este derrotero, las elecciones del 27 de octubre consagraron la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, lo que implicará un cambio de Gobierno y signo político "por lo que resulta muy probable una modificación del rumbo económico del país", que generará mayor incertidumbre ante un proyecto de semejante envergadura.
La crisis económica, atacada pos comicios, derivó en un recrudecimiento del cepo cambiario lo que "no se le escapa a esa Administración General que, un proyecto como el que aquí se está licitando, presupone rigurosas exigencias económicas y financieras" en un marco nacional muy complejo.
Por ello y otras razones, aseguraron que es "inconveniente e inoportuno" avanzar con tal proyecto en este contexto porque "podría comprometer la operación del puerto más importante de la Argentina" y "dar lugar a ofertas poco serias, ya sea por temerarias o leoninas o aleatorias" con perjuicio al Estado nacional y la economía toda. Así como tampoco resulta conveniente realizar una licitación a días de un cambio de Gobierno.
De este modo, solicitaron a Mórtola que "se disponga una prórroga de la fecha de apertura de las ofertas por un plazo razonable que permita despejar las profundas incertidumbres existentes, el que no debería tener menos de 180 días adicionales al previsto".
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