Una ONG pidió a la Justicia frenar la fuerte suba de tarifas de gas por considerarla "inconstitucional". El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) presentó ante la Justicia federal una acción para frenar el aumento de gas dispuesto por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, al sostener que el mismo es "confiscatorio".
Ante el mayor uso de las estufas por el invierno, comenzaron a llegar esta semana facturas de $ 4.000 a hogares donde viven familias de clase media denominadas "tipo", de una pareja y dos hijos menores de edad, en el Gran Buenos Aires. El Gobierno había autorizado incrementos de hasta el 300% en las facturas de gas natural en marzo, y en noviembre, después de las elecciones legislativas, volvería a ordenar un alza.
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Ahora, el CEPIS, que en 2016 consiguió que la Corte falle a favor de la realización de audiencias públicas en materia tarifaria, hizo una presentación judicial en la que señala que el valor del fluido fue aumentado a los usuarios pero no se incrementó en boca de pozo.
Según la organización civil, el costo del gas en boca de pozo -sobre la base de cifras brindadas por YPF a Wall Street- oscila en torno a los U$S 2, lejos de los U$S 6,80 fijados por Aranguren para los usuarios. "Nosotros creemos que dos resoluciones del ministro con los aumentos en el gas son inconstitucionales", dijo Mariano Lovelli, abogado del CEPIS.
A esto le agregó que "los argumentos utilizados para el aumento de tarifas no se sostienen lógicamente ni recogieron toda la riqueza vertida en las audiencias públicas que el ministro debió convocar después de que la Corte Suprema nos dio la razón con un fallo".
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