Las cámaras empresariales del transporte público de pasajeros advirtieron que el Estado "subsidia a los usuarios y no a las empresas" y alertaron que el sector está "al límite de sus posibilidades de operación".
En un comunicado, empresarios que manejan las líneas de colectivos del sector metropolitano señalaron que "desde el comienzo del actual gobierno se han recortado los ingresos de manera drástica".
"En un comienzo se afectaron las utilidades de las empresas, luego la posibilidad de renovación de parque móvil y en la actualidad, las diferencias entre los costos reales y los formalmente reconocidos por el Estado, comienzan a impactar en la cadena de pago a proveedores e inclusive en la capacidad para afrontar las obligaciones salariales y previsionales" señala el comunicado.
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Explica que los aumentos de tarifa no llegan al sector porque el Estado "calcula los costos de los servicios con criterios propios y a partir de allí fija los valores de las tarifas y de los subsidios a fin de reducir el impacto sobre los pasajeros".
"Es decir, subsidia a los usuarios y no a las empresas. La decisión de no transferir al público el costo total de los servicios, es pura y exclusiva potestad del Estado", agrega el comunicado.
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El sector patronal del transporte público señaló que el sistema "recibe mensualmente por compensaciones tarifarias por $3.385.000.000 (considerando el subsidio directo más lo que equivale al precio diferencial del gasoil) y por recaudación $ 1.875.000.000 (neto de IVA), dando un ingreso total de $ 5.260.000.000".
"Sin embargo, los servicios del AMBA tiene un costo de operación más de $ 5.975.000.000 para atender más de 10 millones de viajes diarios que representan el 83 % de los viajes en transporte público que se hacen en la región y provoca un déficit mensual de $ 715.000.000".
Señalaron que ese déficit "produce una fuerte descapitalización de las empresas y una clara y severa afectación a la actividad industrial y comercial vinculada con el sector por la falta de renovación de la flota de vehículos".
Las cámaras advirtieron que el sector "está al límite de sus posibilidades de operación" y que "no puede sostenerse la normal prestación de los servicios en las actuales condiciones económicas".
Las entidades representativas del sector indicaron "estudian alternativas que posibiliten llamar la atención de las autoridades".
Advirtieron por último que "si el gobierno continúa desoyendo al sector, se producirá inevitablemente un resentimiento de la calidad, frecuencia y cobertura de los servicios, así como el mantenimiento de la fuente de trabajo".
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