Los primeros civiles enjuiciados en Santiago del Estero por su participación en el terrorismo de Estado podrían salir por la ventana del juicio oral si prospera la estrategia de sus abodados. Los defensores de los ex funcionarios judiciales, Arturo Liendo Roca y Santiago Olmedo de Arzcuaga, procesados por torturas contra once personas, lograron que la Cámara de Casación Penal de la Nación suspendiera el proceso. La decisión fue tomada el jueves pasado y se haría efectiva mañana, justo cuando el cronograma del juicio preveía una inspección ocular a la Escuela de Policía Coronel Lorenzo Lugones, donde funcionó un centro clandestino de detención, y al antiguo edificio de los Juzgados Federales.
Los camaristas Juan C. Gemignani, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, integrantes de la Sala 4 de la Cámara, deberán definir los cuestionamientos planteados por los abogados defensores en los próximos diez días. Eso implicará resolver sobre la cuestión de fondo de los más de 50 cuestionamientos contra los distintos estamentos del poder judicial que hicieron los defensores de los acusados, entre los que se encuentran los dos ex jueces y otras doce personas, entre ex policías y ex militares.
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"Las defensas presentaron 55 incidentes entre recusaciones al miembros del tribunal oral, a fiscales, a empleados de los tribunales, miembros de la Cámara de Casación y hasta el fiscal de Cámara. Esto es la expresión concreta de una maniobra sistemática destinada a evitar que haya juicio. Porque lo que ellos quieren es que no haya juicio", sostuvo el abogado Pedro Orieta, integrante de la querella y de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, ante El Destape.
El juicio oral, que tuvo una instrucción que demoró doce años, comenzó en agosto pasado. Allí hay 14 acusados por los delitos cometidos contra 34 víctimas entre 1975 y 1979 y el inicio del proceso oral generó un revuelo en la elite santiagueña que llegó a las páginas del diario La Nación, que utilizó un editorial para atacar al tribunal y dar cobertura a esos representantes de la crema social santiagueña.
En esa misma línea se llevaron adelante los cuestionamientos por parte de los abogados de los imputados, quienes cuestionaron la imparcialidad de los jueces federales Ramos Padilla (procedente de la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires), José María Pérez Villalobos (Córdoba) y Alicia Noli (Tucumán). En sus planteos, los defensores señalaron que la jueza Noli había sido querellante en la megacausa Arsenales II-Jefatura II; y a que su esposo, Enrique Sánchez, fue secuestrado y desaparecido en 1976 y sus restos fueron identificados entre las víctimas sepultadas en el enterramiento clandestino de Pozo de Vargas, en Tucumán.
La resolución de los camaristas Gemignani, Borinsky y Hornos generó un repudio por parte de los organismos de derechos humanos. "Sostenemos que no es la primera decisión que atenta contra la continuación de la política de enjuiciamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad; ésta se suma al revocamiento del procesamiento de Pedro Blaquier y Alberto Lemos en la emblemática causa del Apagón del ingenio Ledesma y a la anulación de la sentencia del juicio por la masacre de Capilla del Rosario en Catamarca, que absolvió a los represores que se encontraban condenados a perpetua", subrayó la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia en un comunicado, que contó con el respaldo de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Liga Argentina por los Derechos del Hombre y organismos de derechos humanos de todo el país.
"Este juicio que pretenden detener tiene hoy frente al Tribunal en el banquillo de los acusados, (entre otros imputados) a dos ex funcionarios civiles de la dictadura: Arturo Liendo Roca y Santiago Olmedo De Arzuaga. Ambos tuvieron a su cargo la justicia durante el terrorismo de estado y la responsabilidad por lo tanto de garantizar la vida y la integridad de muchos ciudadanos y no lo cumplieron. Estos, que por algún trasnochado fueron definidos como señores de la vida, eran en realidad señores de la vida y de la muerte de cientos de santiagueños detenidos, torturados, asesinados y desaparecidos. No fueron cómplices; fueron parte necesaria en el plan sistemático de exterminio y deben enfrentar la justicia junto a los otros responsables de los distintos estamentos del estado que fue montado como una maquinaria de exterminio", afirmaron.
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