La causa penal por la renovación de las concesiones de peajes suma elementos que complican a Mauricio Macri y demuestran los beneficios que otorgó a Ausol (acceso Norte) y GCO (acceso Oeste). A los 746 millones de dólares que, tal como reveló El Destape, Macri le obsequió a sus exsocios, ahora se suma información de que al menos Ausol realizó desfalcos por 358 millones de dólares en maniobras de autocontratación, sobrefacturación, distribución ilegal de dividendos, alquileres y compras a empresas ligadas a sus accionistas y evasión de impuestos. En total, entre el regalo de Macri y las triquiñuelas de la empresa, son más de 1.000 millones de dólares.
Los datos surgen de dos informes del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) a los que accedió El Destape, que fueron incorporados a la causa judicial por el diputado Rodolfo Tailhade, quien denunció el caso junto a sus pares Leopoldo Moreau, Carlos Castagnetto y Adrián Grana. El expediente está en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral e involucra a Macri, al ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al ex titular de Vialidad Javier Iguacel.
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La renovación de las concesiones del peaje por parte de Macri
Pese a la existencia de estos documentos del OCCOVI que recomendaban lo contrario, Macri renovó las concesiones de acceso Norte con Ausol y Oeste con GCO con 746 millones de dólares de ganancia garantizada gracias a tarifas dolarizadas y cláusulas leoninas. Los documentos del OCCOVI dan cuenta del modus operandi de Ausol para direccionar fondos hacia sus accionistas mientras reclamaba aumentos en la tarifa de los peajes, todo en un contexto en el cuál tenía ganancias extraordinarias pero terminaban derivadas en pago de deuda.
Un informe de mayo de 2015 de OCCOVI, que tiene carácter de reservado, resume que “por cada $100 de ingresos por facturación, $28,50 se destinaron a compras a empresas relacionadas y $35,30 a afrontar gastos financieros”. Es el resumen perfecto: utilizaron la concesión del peaje para tomar deuda, financiar con esa deuda empresas propias, pagar la deuda con la tarifa, vaciar la empresa y pedir entonces ayuda al Estado para renegociar las tarifas que, al final, se utilizaban para pagar deuda.
Qué informa el OCCOVI
El OCCOVI señaló que Ausol hizo “un manejo deficiente de la empresa porque concentró toda su actividad económica en buscar financiamiento desde el exterior, pareciéndose más a un importador de servicios financieros que a un concesionario vial”. Y agregó: “Razón por la cual en una primera apreciación no corresponde ningún tipo de renegociación contractual en los términos pretendidos por Ausol SA”. Es decir, no había ni que aumentar la tarifa de los peajes y menos aún que renovarles la concesión.
El esquema utilizado por Ausol, según describió el OCCOVI, era el siguiente: tomaba deuda en dólares para financiar obras y otras contrataciones que realizaba con empresas que eran propiedad de sus accionistas. Esa deuda la pagaba con los ingresos por la recaudación del peaje, para lo cuál pidió sistemáticamente aumentar las tarifas ya que facturaba en pesos y debía en dólares. Así, el dinero ingresaba rápido vía endeudamiento y las ganancias que obtenían con esta triangulación se pagaban luego con el aporte de los usuarios del peaje. Un negocio redondo.
El OCCOVI resaltó que en 20 años de contrato Ausol no realizó aportes de capital, es decir, los accionistas no pusieron un peso y financiaron todo vía deuda, dinero que iba a las arcas de sus propias empresas y luego se pagaba con las tarifas de los peajes.
Puesto en números es más obsceno. Por cada peso que pusieron los accionistas hubo 12.827 que llegaron vía deuda. “Es decir, la política financiera de Ausol SA es no hacer aportes de capital y buscar en el mercado financiero la totalidad de los recursos necesarios para operar”, advirtió el OCCOVI.
“Todo el recurso de la concesionaria se ha destinado al pago de gastos financieros que ella misma pactó”, señaló el informe OCCOVI. Entre 1998 y 2014 “Ausol abonó intereses financieros por U$S 318.651.303”. En otro de los informes el gasto financiero trepa hasta los 577 millones de dólares.
El modelo de privilegiar endeudamiento por sobre obras o los compromisos que estaban en el contrato quedó también plasmado en el pago de las Obligaciones Negociables (ON), que se pagaron en 2014 cuando vencían en 2020.
Entre pagos a empresas con las que compartía accionistas y al sistema financiero hubo 1.045 millones de dólares, que equivalen al 64% de lo recaudado entre 2000 y 2014. Cuentas claras.
Las contrataciones por los peajes de Acceso Norte y Oeste
Vialidad Nacional, manejada buena parte del macrismo por Javier Iguacel, tenía desde finales de 2015 este informe del OCCOVI donde queda claro que no sólo no había motivos para renovar las concesiones de peajes, había incluso motivos para rescindir el contrato. Los documentos llevan la firma de Gustavo Gentili, director ejectuvo del OCCOVI, y están dirigidos a Nelson Periotti, por entonces a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad.
La clave está en las contrataciones, donde reinó el oscurantismo y, según el organismo de control, “corresponderían 21 sanciones graves y con la aplicación de solo tres (3) sanciones graves estaríamos en condiciones de rescindir el contrato”. Los documentos citan informes anexos. El número 31, referido a Ausol, habla de la falta de transparencia en las contrataciones, tanto a empresas de sus propios accionistas como hacia otras.
El monto de estas maniobras irregulares supera los 525 millones de dólares. Hasta diciembre de 2013 constan contratos con sus empresas asociadas por 468 millones de dólares. El detalle es el siguiente.
Un caso notable es el rubro Asistencia Técnica, por el cual desviaron 111 millones de dólares. Ausol ganó la licitación de esa autopista por sus antecedentes y su respaldo técnico, pero durante años le pagó montos millonarios y en dólares en concepto de capacitación a Abertis, multinacional española que años después terminó como principal accionista de Ausol. Esa capacitación fue por un contrato de asesoramiento por 1.800.000 dólares anuales, actualizado en dólares y hasta la finalización de la concesión, por el cual se capacitaron 11 personas de las cuales, al momento del informe del OCCIVO, solo quedaban 4 en la empresa. “Lo temas de asesoramiento en algunos casos llegan a lo insólito -por llamarlo de alguna manera-, como la capacitación con ellos mismos para renegociar u deuda o simplemente el pago de U$S 156.000 por una video conferencia”, señaló el OCCOVI.
“La realidad económica de esos contratos no es más que la distribución de una parte de la ganancia obtenida”, sentencia el organismo regulador, que agregó: “Parecería entonces que la intencionalidad deliberada de AUSOL ha sido la de crear un mecanismo que permita distribuir un mismo monto de dinero en forma mensual y constante desde el inicio de la concesión (1994) hasta el fin de la misma (2020) bajo la figura de asesoramiento y similares”.
Otra salida de dinero fue la sobrefacturación de obras a empresas conformadas por los mismos accionistas que Ausol. Un ejemplo, la UTE CONSTRUCCION, contratada desde 1995 hasta el 2002, donde según el OCCOVI “se constataron sobrefacturaciones en el orden del 30,14% la cual habría generado una distribución de dividendos encubierta en U$S 79.716.818,50”. Algo similar sucedió con gastos en “Alquiler de equipos” con sobrecostos cercanos al 30% y distribución ilegal de dividendos por 26 millones de dólares. La única vez que Ausol distribuyó dividendos de forma legal fue en el 2000, por 30 millones de dólares.
Por otro lado, el OCCOVI encontró ingresos por áreas de servicio y explotaciones complementarias por 107 millones de dólares que no se incorporaron a los balances de la empresa y que obtuvo sin costos.
Las facturaciones apócrifas se llevaron un capítulo del informe. El proveedor Serbeco le alquiló maquinarias entre 2003 y 2015 por 12 millones de dólares mientras que Urbaser proveyó servicios de limpieza de oficinas y estaciones de peaje por casi 15 millones de dólares. De Serbeco no hay registros de los trabajos y de Urbaser es de ACS, multinacional que compró Abertis y por ende Ausol.
Hay también beneficios irregulares a los accionistas por: un convenio de garantías por 4 millones de dólares; intereses por préstamos por 5.416.063 millones de dólares; compras de bienes de uso a los propios accionistas por casi 12 millones de dólares con 70% de sobreprecio; no realizar carriles ni repavimentaciones por 98 millones de dólares; adicionales tarifarios para carriles por casi 13 millones de dólares; evasión del impuesto de sellos por casi 11 millones de pesos; entre otras.
El OCCOVI concluye lo siguiente. El contrato de concesión tenía una “razonable rentabilidad” del 7% pero Ausol obtuvo 358 millones de dólares por encima de eso.
El informe 17 analizado por OCCOVI sobre rentabilidad de la concesión mostró que “por prestaciones contratadas con accionistas y con uniones transitorias de empresas integradas por accionistas, se desembolsaron desde el inicio de la concesión y hasta el 31-12-2014 U$S 473.611.509”.
Los nombres no se agotan en esas empresas. La información que vuelca el OCCOVI dice que Ausol tuvo como accionistas a Impreglio, Dycasa, Abertis, Iglis, Sideco, Aurea y ACS y “sistemáticamente realizó contratos de transferencia de tecnología, asesoramiento técnico, liquidación de contratos y gerenciamiento” con ellas.
El negocio
“El concreto de concesión de Ausol SA ha sido un excelente contrato para esa compañia”, señala el informe de OCCOVI datado el 11 de noviembre de 2015. Habla de las concesiones de los accesos Norte, Oeste y Ricchieri otorgadas el 15 de julio de 1994 por Carlos Menem, plasmadas en el decreto 1167. El acceso Norte quedó para Autopistas del Sol, un consorcio del que participaba por entonces la familia Macri; el Oeste para el Grupo Concesionario del Oeste (GCO), consorcio comandado por Benito Roggio que pasó años más tarde al control de la española Abertis; la Ricchieri para AEC SA. El plazo original de las concesiones era 22 años y ocho meses, es decir, hasta el 2017.
El OCCOVI encontró 770 actas de constatación de incumplimientos contractuales. Y, en el informe reservado de mayo de 2015, dio cuenta de las altas ganancias de Ausol. Allí citan una Carta a los Accionistas de Ausol donde les informan respecto a la EBITDA, indicador de beneficios de la empresa antes del pago de impuestos e intereses. Es un dato clave a la hora de analizar el devenir de una empresa y, en el caso de Ausol, arroja un resultado notable: superó a las principales empresas del país. Del 2000 al 2014 tuvo un promedio EBITDA sobre ventas del 46%, superior a empresas con YPF (33%), Tenaris (26%), Telecom (31%), Petrobras (18%), entre otras.
En 2015, Ausol insistió con renegociar el contrato. “Realmente un absurdo”, sostuvo el OCCOVI. El informe detalla que Ausol “reclama 6.637.000.000 por el pasado y pide que a partir de ahora se le incrementen las tarifas, no realizar inversiones” y que el contrato se prorrogara hasta el 2035. En esos momentos el dólar rondaba los 9,5 pesos. Una simple división muestra que esos 6.637 millones de pesos que reclamaban son casi los 746 millones de dólares que Macri les otorgó pese a que la recomendación del OCCOVI era clara: “Realmente absurdo”. Tan absurdo que el OCCOVI calculó que eso era equivalente al 7442% de su capital y mayor al patrimonio neto de 71 de las 85 empresas que cotizan en la Bolsa porteña.
El órgano que regula las concesiones viales dijo que esta oferta de Ausol era inaceptable. Pero llegó Macri y todo cambió. Apenas asumido Macri, la principal accionista de Ausol, la española Abertis, demandó al país ante el CIADI por 1.793 millones de dólares como método de presión para el acuerdo para renovar sus concesiones.
A cambio de que Macri les garantizara 746 millones de dólares de ganancia los españoles dieron de baja el juicio ante el CIADI. Pero todo tenía trampa. Los convenios, tal como reveló El Destape, establecieron en el punto 15.6 del acta dice que el desistimiento de juicios sólo corre si el acuerdo se cumple en su totalidad y no hay ninguna modificación por parte del Estado. A su vez, menciona que ante cualquier cambio, por mínimo que sea, la empresa podrá “reclamar bajo el derecho local e internacional sus derechos preexistentes”. Según varias fuentes especializadas en la redacción de este tipo de acuerdos, esta letra deja abierta la posibilidad de juicios deliberadamente. O sea, si Alberto Fernández interviene en este escándalo se activarían automáticamente nuevos juicios en el CIADI.
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