Las concesionarias de peajes Ausol y GCO, que controlan los accesos Norte y Oeste respectivamente, criticaron la suspensión del pago de los peajes dispuesto en medio de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus. Además amenazan con acciones judiciales contra el Gobierno pese a que, como reveló El Destape, las renovaciones de sus concesiones están plagadas de irregularidades y, hasta que explotó esta pandemia, se estaban revisando.
El pasado viernes 20 de marzo la Dirección Nacional de Vialidad suspendió “el cobro de las tarifas de peaje a partir de las 0.00 horas del 20 de marzo de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2020, conforme las políticas de gobierno anunciadas”. La resolución, firmada por su titular Gustavo Hector Arrieta, se publicó en el suplemento del Boletín Oficial que se conoció por la tarde de ese día. El texto también obliga a las concesionarias a “prestar el servicio de emergencia en la red vial concesionada, y los servicios principales, en el marco de sus respectivos Contratos de Concesión y Contratos PPP, con el objetivo de garantizar el servicio público de tránsito y la seguridad de los usuarios.”
La medida incluyó diversos corredores viales, entre ellos los accesos Norte y Oeste. Sus concesionarias, Ausol y GCO, son en realidad la misma, ya que son controladas por la multinacional Abertis, absorbida hace poco por otra corporacion llamada Atlantia. Son, todos ellos, ex socios y gente cercana de la familia Macri. Apenas se conoció la suspensión del cobro de los peajes Ausol y GCO presentaron la misma nota ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). Allí afirman que “las medidas informadas impactan fundamentalmente los ingresos de la compañía al afectar su fuente de ingresos”, una redundancia que ni se preocuparon por redactar de forma un poco más original. Luego, advirtieron: “Ante ello, y sin perjuicio de haber procedido al inmediato cumplimiento de las medidas dispuestas, la Sociedad analizará los posibles pasos a adoptar en protección de sus derechos”. Se refieran a judicializar el tema.
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A las empresas, sin embargo, no las tomó por sorpresa. El 18 de marzo, dos días antes de la suspensión del cobro de peajes, el ministro de Transporte Mario Meoni adelantó que era “inminente la resolución”, aunque la cuestión no dependía de su cartera sino del ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis. El día anterior de esas declaraciones, ya con la pandemia de coronavirus, Ausol y GCO reclamaron un aumento de tarifas.
En declaraciones a El Destape Radio, el ministro Katopodis informó que revisarían las concesiones de Ausol y GCO. Se trata, como reveló este medio, de una megaestafa que supera los US$ 1.000 millones e involucra a Maurico Macri y el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich