Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodriguez Larreta inauguraron esta semana el Paseo del Bajo. La obra tuvo una difusión mediática inédita, acorde a lo desmedido de un gasto que, según anunciaron, superó los 650 millones de dólares para un corredor de 7 kilómetros. Una megaobra en una ciudad donde sobras las carencias. Las prioridades PRO. Lo que silenciaron los medios (y obviamente los funcionarios) fue que, tal como reveló El Destape el año pasado, la parte más cara de esa obra se la quedó de forma irregular la empresa IECSA, del primo presidencial Ángelo Calcaterra y el amigo también presidencial Marcelo Mindlin, que las redeterminaciones de precios de la obra rondan el 70%, que Rodriguez Larreta logró que se bloquee el control de esa obra que debería ejercer la Auditoría porteña y que la causa judicial donde se investiga todo esto, en manos del juez Claudio Bonadio, está prácticamente paralizada.
El Destape se comunicó con el Gobierno porteño para consultar sobre el avance de la causa judicial y conocer las redeterminaciones de precios que tuvo la obra. La respuesta fue esquiva. Negaron las irregularidades y plantearon que lleva mucho trabajo contestar sobre las redeterminaciones de precios. Los números no cierran. Un simple cálculo tomando en cuenta los 700 millones de dólares con los que contaban para realizar la obra muestra que se gastó, al menos, el doble del presupuesto original.
La maniobra
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En octubre del año pasado, El Destape reveló la maniobra por la cuál Rodriguez Larreta le entregó el tramo más caro de esta megaobra a IECSA. La empresa, como también publicó este medio, sigue en manos de Calcaterra, primo de Macri, junto a Marcelo Mindlin, a quien dijo que se la vendió pero con quien comparte una offshore que opera como controlante final. Sobre ambos, Calcaterra y Mindlin, pesa la sospecha que no son más que hombres de paja del propio Macri.
La maniora fue la siguiente. El Paseo del Bajo tiene tres tramos, A, B y C, que se licitaron por separado. El pliego establecía 2 cuestiones centrales. Una, que la empresa que ganara un tramo no podía competir en los otros. Dos, que los tramos se licitarían del más caro al más barato.
El orden quedaba C-B-A. Primero el C, con un presupuesto estimado de 4.480 millones de pesos; segundo el B, de 2.350 millones; y tercero el A, por 1.870 millones. Estas dos condiciones tienen un objetivo: que se licite primero el tramo más caro y gane la oferta de menor valor, lo que hace que el Estado ahorre el máximo de dinero.
IECSA competía en los tramos C y B, pero su intención era quedarse con el C, el más jugoso. Ahí competía con varias empresas que podían ofrecer un precio más barato y dejarla sin el negocio. La solución fue fácil: anularon el orden C-B-A a través de la Circular Sin Consulta N 7. Técnicamente, Circular Sin Consulta es una decisión que toma AUSA, sociedad cuyo principal accionista es el gobierno porteño, sin que nadie se lo pregunte. Lo que hizo la N 7 es fundamental para beneficiar a Mindlin y Calcaterra. Con esto se garantizaron que Isolux ganara el tramo A y no compitiera en el tramo C, que quedó para IECSA.
Redeterminar y dar de nuevo
El tramo C, que quería y obtuvo IECSA, tenía un presupuesto de 4.480 millones de pesos. IECSA ofreció hacerlo por 3.183 millones, un 29% menos. No fue beneficencia, sino que tenía claro que primero está ganar, luego vendrán las redeterminaciones de precios. Fue, de hecho, lo que sucedió, aunque no se conoce cuantas veces. El Destape consultó al Gobierno porteño por la cantidad de redeterminaciones que hubo desde el inicio de la obra hasta la inauguración. La respuesta fue esquiva: que llevaría mucho tiempo rastrear ese dato.
EL Destape si pudo reconstruir parte del esquema de redeterminaciones, a través de documentación que consta en la Auditoría porteña, aunque solo se trata de una muestra ya que Rodriguez Larreta logró correr a este organismo del control sobre los manejos des esta obra.
Los datos son los siguientes. El presupuesto original del tramo C, que se quedó IECSA, era de 2.592.155.753 más IVA, un total de poco más de 3.100 millones de pesos. IECSA pidió un segundo anticipo financiero del 5%, pese a que esto no estaba previsto en el pliego original. Salvando esto, lo extraño fue que IECSA calculó ese 5% en 263 millones de pesos. Esa cifra no es el 5% del presupuesto original. El cálculo es sencillo: es el 5% de 5.273 millones de pesos. Conclusión: la obra real aumentó su costo de 3.183 a 5.273 millones de pesos, un 68% más.
Por otro lado, el costo del Paseo del Bajo se calculó en 700 millones de dólares, que se obtuvo en gran parte gracias a un crédito de la Corporación Andina de Fomento. Los medios que festejaron su inauguración hablaron entre 650 y 675 millones. Pero hay algunos números que no cierran, ya que esos dólares son muchos más pesos que los presupuestados para toda la obra. El Destape consultó al Gobierno porteño por la cantidad y montos de las redeterminaciones pero la respuesta fue que llevaría mucho tiempo buscarlas. La única posibilidad, entonces, es hacer un cálculo estimado.
La licitación por el Paseo del Bajo fue en octubre de 2016, cuando el dólar estaba a 15,30 pesos. Se inauguró el 27 de mayo de 2019, con un dólar a 45,9 pesos. Un promedio da 30,6 pesos. Los 700 millones de dólares a 30,6 pesos da un total de 21.420 millones de pesos. La obra total, incluidos los tramos A, B y C y obras anexas era por 7.665 millones de pesos. La diferencia entre los 21.420 y 7.665 millones es de 13.755 millones de pesos. El cálculo, vale repetir, es aproximado, pero indica que si el número en dólares fue efectivo la obra costó muchísimo más que lo que fue presupuestado en sus inicios. Cerca del triple.
Sin control
Hay algo que el macrismo intenta evitar a toda costa y son los controles sobre la obra pública. El Paseo del Bajo no fue la excepción. El organismo encargado de controlar esas cuentas es la Auditoría General porteña, que si bien en lo formal está presidido por la oposición, representada por Cecilia Segura Rattagan, en los hechos el gobierno de Rodriguez Larreta logró recortarle facultades de control sobre áreas clave del presupuesto y los gastos de la ciudad. En ese recorte cayó el Paseo del Bajo.
La misma auditoría fue la que detectó las irregularidades en el proceso de licitación. Pero Rodriguez Larreta aprendió, y en la planificación del trabajo del organismo para 2019 logró que no se controlen una buena cantidad de obras, entre ellas el Paseo del Bajo.
La situación quedó registrada en el planteo de la presidenta de la auditoría, Segura Rattagan, que dejó por escrito su disidencia. “He rechazado el Plan Anual de Auditoría 2019 aprobado por la mayoría del Colegio de Auditores, en razón de considerar que el mismo resulta insuficiente para el ejercicio de un adecuado control externo del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, planteó Segura Rattagan.
En el listado de los proyectos que el Gobierno porteño logró dejar fuera de control, el primero es el Paseo del Bajo. “Cabe señalar que recientemente se aprobó una primera auditoría sobre el proceso licitatorio, en la cual se han detectado importantes irregularidades, por lo que resulta prioritario continuar con el proceso de control del desarrollo de la obra”, escribió Segura Rattagan. No será posible.
Siempre Bonadio
Cuando detectó las irregularidades, la presidenta de la auditoría porteña Segura Rattagan presentó una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la fiscalía anticorrupción que comanda el fiscal Sergio Rodríguez. La PIA analizó el caso y lo denunció en Comodoro Py. La causa recayó en el juzgado de Sebastián Casanello.
Además de Rodríguez Larreta fueron denunciados el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, el ministro de Desarrollo Urbano y Transporte porteño Franco Moccia, el presidente de AUSA Carlos María Frugoni y la jefa de compras de AUSA Natalia Bustos.
Sin embargo, el juez Claudio Bonadio le pidió el expediente a Casanello ya que tenía una denuncia igual desde hacía unos días. Se trataba de una presentación hecha por uno de los denunciadores seriales de Comodoro Py, Fernando Miguez, que dice actuar en nombre de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático. Esa denuncia tomó textual lo publicado en El Destape, sin agregar un dato. La movida hizo que en lugar de que intervenga Casanello la causa la digite Bonadio. La fiscal es Alejandra Mangano, cuyo marido, Juan Tomás Rodriguez Ponte, pasó de comandar la oficina de escuchas desde la que se filtraban audios a los medios oficialistas a comerse las uñas mientras se destraba su designación como juez en Lomas de Zamora.
El fiscal anticorrupción Rodriguez,que puede intervenir en la causa, pidió una serie de medidas. Solicitó obtener las ofertas presentadas por todas las empresas y que se realizaran allanamientos en las empresas y en AUSA. Bonadio obtuvo solo la documentación de AUSA y no de las empresas. Ahora, la PIA está revisando si la documentación que mandó AUSA es todo lo que pidió o hay faltantes. Lo cierto es que claramente Bonadio no le pone la energía que le dedica a cualquier causa contra funcionarios kirchneristas. Ni los medios la cobertura.
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