La fiscal federal Alejandra Mángano apeló el sobreseimiento del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich y a otros ex funcionarios de Cambiemos en una causa que investiga irregularidades en la licitación pública internacional por la construcción del Paseo del Bajo en la Ciudad de Buenos Aires.
Los sobreseimientos habían sido resueltos por el recientemente fallecido juez federal Claudio Bonadio en diciembre del 2019 y lo mismo hizo la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Ante estas apelaciones, el tema será resuelto por la Cámara Federal porteña.
El 27 de diciembre último, el magistrado dispuso el archivo de la denuncia por inexistencia de delito. Ahora Mángano y el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, apelaron esa resolución bajo el argumento de que la decisión fue "prematura" al advertir que "no se agotaron las diligencias probatorias que debieron ineludiblemente adoptarse para estar en condiciones de dictar un temperamento liberatorio".
Además, se aludió a la existencia de "indicadores de direccionamiento de las licitaciones", los cuales, "permitieron abrir nuevas líneas para profundizar la pesquisa, en lo que respecta a las diferentes aristas de la maniobra".
Para los fiscales es necesario que se citen nuevos testigos, participantes del proceso licitatorio “para corroborar o descartar información emanada de la documentación" del caso. La denuncia se presentó el 25 de octubre de 2018 y está dirigida contra Dietrich, Rodríguez Larreta, Franco Moccia, Ángelo Calcaterra y Carlos María Frugoni por supuesta administración fraudulenta. La primera presentación fue de un abogado, Fernando Míguez, y luego se sumó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) con otra denuncia. En aquel momento, El Destape fue uno de los pocos medios que difundió la información que involucra a referentes clave del macrismo.
En esas presentaciones se advirtió sobre un direccionamiento y sobreprecios en un tramo de la licitación que habría favorecido a IECSA, la empresa a cargo por ese entonces de Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri.
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Según costa en la causa, el presupuesto de la obra “habría sido de $ 8.700.000.000, solventados en un 43% con fondos de la CABA y en un 57% con fondos nacionales, provenientes estos de un préstamo de hasta U$S 400.000.000 otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), cuyo modelo fue aprobado mediante decreto 67/2017”. A partir de esa disposición se “delegó en el Ministro de Finanzas la suscripción del convenio y designó al Ministerio de Transporte de la Nación como ‘Organismo Ejecutor’, quien a su vez, mediante la suscripción de un convenio, delegó la ejecución de la obra en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, la contratación de las obras fue realizada por Autopistas Urbanas S.A. (AUSA )”.
La obra estaba pensada en tres tramos, designados “A”, “B” y “C”. Este último, el más oneroso de los tres, tenía un presupuesto estimado de $ 4.480.000.000. Ahora, la parte nuclear de esa maniobra radicó en que ese último tramo fue adjudicado a la unión transitoria conformada por IECSA y Fontana Nicastro SA, mediante la supuesta alteración de las normas previstas para el proceso de selección de la licitación, a través de circulares sin consulta libradas por funcionarios de AUSA. Esto habría permitido eliminar a otros posibles candidatos a quedarse con este tramo, beneficiando indebidamente a la UT de IECSA y Fontana Nicastro.
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