La persecución política contra los gremios más enfrentados al Gobierno nacional alcanzó ribetes escandalosos. Ahora, la fiscal Celsa Ramírez afirmó en su último dictamen que los Metrodelegados son en realidad una "asociación ilícita", lo que implica que considera que el gremio tiene como único fin realizar prácticas ilegales.
Así lo dice en el dictamen en el marco de la causa por los incidentes ocurridos durante una protesta en mayo, cuando el gremio AGTSyP protestaba contra el techo del 15% a las paritarias que firmó la UTA con el gobierno porteño.
La fiscal Ramírez definió al gremio como una organización "con el único propósito, la interrupción de los servicios de transporte público".
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La asociación ilícita es un delito que tiene una condena de tres a 10 años, por lo que la fiscal estaría pidiendo una pena no excarcelable a dirigentes gremiales por un reclamo legítimo que la disparada inflacionaria terminó por reivindicar.
Por este motivo, los Metrodelegados recusaron a la fiscal y harán la presentación al respecto en una audiencia el próximo jueves.
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