El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) criticó el decreto que declara la Emergencia de Seguridad Pública y consideró que el derribo de aviones constituye "una pena de muerte sumaria encubierta" y que "ya se ha demostrado que este camino no tiene capacidad para desarmar el complejo mercado de las drogas ilegales".
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La organización opinó que la decisión del Gobierno "produce un quiebre en la distinción entre seguridad interior y defensa nacional que ya se había debilitado en el gobierno anterior" y que "para dar respuesta a demandas sociales legítimas, otra vez se realizan anuncios efectistas pero ineficaces, con el agravante de que en esta oportunidad la escalada punitiva llega a habilitar una pena de muerte encubierta".
La ONG cuestionó que "se le atribuyen a las Fuerzas Armadas nuevas facultades para intervenir en cuestiones de seguridad pública y no de defensa nacional". Y agrega: "Las FF.AA. no se limitarían ahora a controlar el espacio aéreo sino que también tendrán la potestad de derribar aviones que no se identifiquen, sin necesidad de consultar a las autoridades políticas para hacerlo", señalaron.
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