La titular del Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones (Dicom) de la Procuración General de la Nación, la fiscal Cristina Caamaño, el organismo creado a comienzos de 2015 para realizar las escuchas telefónicas en el ámbito de la Procuración General, consideró hoy un "mamarracho jurídico" el decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el presidente Mauricio Macri que transfiere el organismo del Ministerio Público Fiscal a la Corte Suprema de Justicia.
"Es un mamarracho jurídico porque es un DNU y éstos no pueden versar sobre investigaciones penales", aseveró en declaraciones a radio Del Plata, al conocerse hoy el decreto 256/15 que hace efectiva la transferencia de la tarea de las escuchas telefónicas, a cargo de Caamaño, a la Corte Suprema.
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Para la fiscal Caamaño, con esta decisión, "vuelve la gente de (el ex espía Antonio "Jaime") Stiuso y vuelve la promiscuidad entre algunos jueces y los servicios de inteligencia", ya que -entre los considerandos de la medida- "dice que se faculta a solicitar los servicios del personal de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI)".
La fiscal explicó que, durante el trabajo de todo este año, "se recibieron casi 200 agentes de Inteligencia y los devolvimos, y actualmente la gente es de la Procuración".
"Yo no voy a permitir que se trasladen las personas como si fuesen bienes o muebles, son personas que tienen su contrato en la Procuración y con mucho trabajo y empeño formamos el equipo", aseveró Caamaño para quien, con el nuevo decreto, "cualquier juez va a poder realizar escuchas desde cualquier lado".
La funcionaria judicial anticipó que los jurídicos de la Procuración "realizarán una presentación, pero no hoy, sino cuando termine la feria en febrero" en rechazo del decreto de necesidad y urgencia.
Por último, la hasta hoy titular del Dicom también se pronunció en contra del otro decreto conocido esta mañana, que suspende la aplicación del Código Procesal Penal de la Nación, cuya entrada en vigencia estaba prevista para el 1 de marzo próximo.
"Hay una ley que dice que se pone en vigencia y por un DNU se anula una ley, es una locura. Es una vergüenza que tengamos un código penal pero por un decreto se voltee la ley", indicó.
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