El juez federal Sebastián Casanello, que lleva adelante la causa derivada de los Panamá Papers y que tiene a Macri bajo la lupa, requirió varias medidas de prueba para dilucidar si el jefe de Estado incurrió en omisión maliciosa por la no inclusión de la firma offshore Fleg Trading en su declaración jurada.
Por ello, pidió a la Oficina Anticorrupción, de la ex diputada PRO Laura Alonso, la declaración jurada del primer mandatario y, además, solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ) copia certificada de varias sociedades del grupo Macri.
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Fuentes judiciales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el magistrado dispuso más medidas de prueba, como ser reclamar al a IGJ información societaria sobre las firmas Grumafra SA, Socma Americana SA, Global Collection Services, MTC Investment y Macri Investment Group, entre los años 1985 y 2007.
También, Casanelo pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que aporte los eventuales reportes de operaciones sospechosas en Panamá, Bahamas, Uruguay, Brasil y Reino Unido de las offshore Fleg Trading LTD y Kagemusha, las dos firmas que se investigan si Macri tuvo participación y no las denunció en su DD.JJ..
En estos requerimientos están incluídas las firmas Foxchase Trading SA, Sideco Americana SA, Global Collection Services, Owners Do Brasil Participacoes, Gresoni SA y Macri Investment Group, relacionadas a Fleg Trading y Kagemucha.
El avance de la causa puso nerviosa a la defensa de Macri, que cuestionó al magistrado por considerar que salía de "excursión de pesca" en el caso.
Por otra parte, Casanello le pidió a su par de la Justicia civil, donde Macri sí se presentó, descartar que en Fleg Trading él haya tenido participación, que le envíe "copia certificada" de los estatutos de esa firma así como las declaraciones juradas de Francisco Macri entre 1998 y 2005.
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