La Cámara Federal de Casación Penal rechazó hoy un recurso de queja presentado por la defensa del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, en la causa en que está acusado en etapa de juicio oral y público por los documentos apócrifos de un vehículo que compró.
Lo resolvió la Sala III al no hacer lugar a un recurso de queja en el que pretendía la defensa la nulidad del
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requerimiento de elevación a juicio hecho por el fiscal Guillermo Marijuan.
Los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos dispusieron "no hacer lugar a la queja interpuesta por los doctores Martín Magram y Jacobo Grossman, defensores particulares de Amado Boudou".
"La decisión recurrida en Casación, no cumple con el requisito de impugnabilidad, ya que no se trata de una
sentencia definitiva ni de un auto que ponga fin a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las actuaciones, o de aquellos que deniegan la extinción, conmutación o suspensión de la pena", sostuvo la Cámara.
"Tampoco el recurrente, alcanzó a demostrar el agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior que le genera la decisión dictada por el Tribunal a quo, a efectos de equipararla a un pronunciamiento de carácter definitivo y habilitar así la intervención de esta Cámara", agregaron.
Asimismo, los jueces declararon "inadmisible" un recurso extraordinario federal presentado por otra acusada en la causa, la ex titular del Registro Automotor donde se radicó el trámite del vehículo, María Graciela Taboada de Piñero, contra la resolución que dictó su procesamiento.
De esta forma, la alternativa que le queda a Taboada de Piñero es mediante un recurso de queja llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Boudou y el resto de los acusados está en etapa de juicio oral y público tal cual lo dispuso el juez federal Claudio Bonadio, y ésta semana el Vicepresidente tuvo que visitar Comodoro Py citado por el Tribunal Oral Federal 1 para hacerle saber de la integración del mismo, y ante la eventualidad si quiere interponer recusaciones.
A Boudou se lo acusa de comprar un vehículo a principios de los 90 e insertar datos falsos en la documentación al realizar la transferencia del mismo.
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