Otro gremio cercano a Cristina, perseguido judicialmente

19 de septiembre, 2017 | 11.45

Tras el apoyo a Cristina Kirchner en las elecciones de octubre, el juez Héctor Ploul, del Juzgado Federal de Junín, ordenó este lunes un allanamiento de la sede central del gremio de los mecánicos (SMATA) por el supuesto faltante de 300 millones de pesos en la obra social sindical.

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La denuncia fue realizada por el secretario de la seccional de Junín de Smata, Alberto Fiori que antes de ir a los tribunales, había pedido la información del faltante a Pignanelli, no había obtenido respuesta, y recurrió a una carta documento que tampoco no habría sido respondida.

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La noticia trascendió curiosamente en las últimas horas, cuando se esperaba con un posible encolumnamiento de Pignanelli con Cristina Kirchner, candidata al Senado por Unidad Ciudadana.

El 31 de agosto, el sindicato se desligó del randazzismo con un durísimo comunicado que finalizó de manera lapidaria: "El que calla otorga y ya no podemos callar".

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No es el primer caso de este estilo. El titular de SIVENDIA (Canillitas), Omar Plaini, padeció la intervención de su gremio por una denuncia del año 2013, justo cuando el ex denarvaista y ex massista manifestara su respaldo a la ex Presidenta de cara a los comicios legislativos.

Además, otro sindicalista que sufrió un apriete judicial fue el titular del SUTERH (porteros), Victor Santamaría, quien también es dueño de Página 12. A Santa María se lo acusa de poseer una cuenta en Suiza, justo después de que el columnista estrella del diario, Horacio Verbitsky, revelara que hermanos y primos del gobierno nacional entraron al blanqueo de capitales.

Curiosamente, en vísperas del único paro nacional que sufriera la adminitración de Cambiemos, el Ministerio de Trabajo sacó una serie de recomendaciones a los sindicatos en los que los instaba a modificar sus listas y a sumar la boleta única electrónica como método de elección de sus autoridades.

En cambio, cuando los gremios adoptaron una posición dócil con el oficialismo, la Casa Rosada optó por negociar y los problemas judiciales quedaron para otro momento.