Tras meses de prisión preventiva, llegó la orden de excarcelación para Fabián De Sousa y Cristóbal López, propietarios del Grupo Indalo, dos de los empresarios víctimas de la persecución judicial desatada desde la Casa Rosada y ejecutada por Comodoro Py. La resolución la dictó por unanimidad el Tribunal Oral Federal 3 (TOF3), que lleva adelante el juicio oral por una deuda impositiva de Oil Combustibles, una de las empresas del Grupo Indalo. Los jueces consideraron que ya no existen riesgos procesales de que De Sousa y Lopez entorpezcan a la Justicia, en base a un reciente sobreseimiento de ambos en otra causa que tramita en Comodoro Py. Los empresarios quedan ahora a disposición del juez Claudio Bonadio, que los procesó con prisión preventiva en las causas 520/19 y la 13816/18, vinculadas al armado mediático-judicial en torno a las fotocopias de los cuadernos incinerados.
Para resolver la excarcelación, la resolución del TOF 3 tuvo en cuenta el reciente fallo de la jueza Maria Eugenia Capuchetti, nombrada por Macri en el Juzgado Federal 5 (vacante desde la salida de Norberto Oyarbide). Capuchetti que sobreseyó hace unas semanas a Lopez y De Sousa en una causa donde se los acusaba de haber realizado una maniobra para vender sus acciones del Grupo Indalo para obstruir la investigación judicial.
En su voto, el juez Fernando Machado Pelloni afirmó que “han variado sustancialmente las circunstancias que motivaron la imposición de la prisión preventiva de López y De Sousa y su mantenimiento por este Tribunal” y que el fallo de la jueza Capuchetti “deja sin sustento el riesgo procesal -entorpecimiento de la investigación- que dio fundamento a la prisión preventiva”. El voto del juez Javier Feliciano Rios coincidió respecto a que el fallo que sobreseyó a De Sousa y López aleja los peligros de que obstruyan la investigación y que corresponde su excarcelación. El tercer juez, Andrés Fabián Basso, reiteró “que asiste razón a la defensa del imputado, en cuanto a que se verificó una modificación sustancial en las circunstancias que oportunamente dieron sustento al dictado de su prisión preventiva”. Los jueces Rios y Basso también impusieron la prohibición de salida del país. Los jueces también declararon abstracto el pedido de prisión domiciliaria que había realizado De Sousa.
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Los empresarios De Sousa y López fueron detenidos en primera instancia por orden del juez Julián Ercolini en diciembre de 2017. Los acusaba de evadir más de 8.000 millones de pesos desde Oil Combustible, una de sus empresas. En agosto de este año, la pericia entregada por peritos de la Corte Suprema desmintió esa versión original y reveló que la deuda jamás fue de ese monto y que a finales de 2015 los planes de pagos estaban regularizados y que el monto refinanciado era de 2.200 millones de pesos de los cuales ya habían pagado 1.600. Eran, sin embargo, empresarios que poseían no solo esta empresa petrolera sino un grupo de medios díscolo, algo intolerable para el Gobierno.
Los empresarios fueron liberados a mediados de marzo de 2018 por orden de la Sala I de la Cámara Federal. Por entonces, la integraban Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia. Éste último, puesto a dedo por Macri, fue el único de los 3 que votó por mantenerlos presos. Ballestero y Farah resolvieron la excarcelación. “Nos ha dado mucha indignación a los argentinos y al Gobierno este fallo”, le dijo entonces Mauricio Macri a su aún fiel vocero Luis Majul. Los camaristas Ballestero y Farah salieron eyectados de Comodoro Py, el primero eligió la jubilación y el segundo una salida decorosa a otro tribunal. De esa forma, Macri limpió la Sala I, donde designó también a dedo a Pablo Bertuzzi luego de que éste fallara contra Amado Boudou y dispusiera su prisión preventiva sin que estuviera firme la condena.
El 27 de abril de 2018, tras el pedido del fiscal Raúl Plee (muy cercano a Macri), la Cámara Federal de Casación Penal revocó la decisión de Ballestero y Farah y ordenó que Lopez y De Sousa volviera a prisión. La decisión de la Sala I del máximo tribunal penal del país fue tomada por mayoría, con los votos de los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Riggi y la disidencia de Ana María Figueroa.
Ahora, todo queda en manos del juez Bonadio, que procesó a De Sousa y Lopez por la compra de dos departamentos en el edificio donde vive CFK y en un desprendimiento de la causa por las fotocopias de los cuadernos incinerados. El Destape pudo confirmar que los abogados Carlos Beraldi y Fabián Lertora le pedirán a Bonadio que siga el camino del TOF 3, con el argumento de que no hay peligro de fuga y que la Cámara Federal ya revocó las prisiones preventivas dictadas en esas causas.
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