La jueza firmó una "orden de presentación" para que la Secretaría General de la Presidencia, la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y las compañías de telefonía celular aporten "los abonados de telefonía celular que fueran asignados durante el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2014 y el 2 de marzo de 2015, tanto por el Poder ejecutivo como por la Agencia Federal de Inteligencia".
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El pedido va más allá de la ex presidenta Cristina Kirchner y abarza al excanciller, Héctor Timerman; al ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; al exjefe del Ejército, César Milani; al ex secretario de Seguridad Nacional, Sergio Berni; al ex titular de la AFI, Oscar Parrilli; su su entonces segundo Martín Mena; a los dirigentes de "La Cámpora" Andrés Larroque (diputado nacional) y José Ottavis; al dirigente de la comunidad iraní Alejandro Yusuf Khalil; el ex juez y abogado Luis Irimia; el dirigente piquetero Luis D'Elía y el líder de Quebracho, Fernando Esteche.
Cristina Kirchner, Timerman, Larroque, Khalil, Irimia, D´Elía y Esteche habían sido denunciados por el fiscal Alberto Nisman el 14 de enero de 2015, cuatro días antes de su muerte, por ser parte de una trama de encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA. Por otra parte, la jueza requirió los registros escritos y de cámaras de seguridad de ingreso y egreso de la Quinta presidencial de Olivos entre el 11 y el 20 de enero de 2015.
Días atrás trascendió que el registro que lleva adelante la Agrupación Seguridad de Inteligencia de la Presidencia de la Nación le faltan las hojas con las entradas y salidas de los días 15 al 19 de enero de 2015. Además, la jueza reclamó las filmaciones de los movimientos en el interior de la quinta presidencial de Olivos durante esa fecha, tanto en espacios abiertos como en el interior de los edificios que componen la residencia oficial de los jefes de Estado.
La medida para identificar los teléfonos es un paso previo a lo que se presume será la orden de un entrecruzamiento de las distintas líneas atribuidas a cada una de las personas mencionadas en el oficio de la jueza. La causa por la muerte de Nisman estuvo desde su inicio a cargo de la fiscal Viviana Fein y luego la jueza Palmaghini asumió la conducción del caso, pero finalmente se declaró incompetente y giró el expediente a la Justicia Federal.
No obstante, la competencia aún no está definida pues la Cámara Nacional de Casación Penal decidió que el expediente vuelva a manos de Palmaghini y definirá en el futuro la Corte Suprema de Justicia tras las apelaciones de las partes.
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