El juez Juan María Ramos Padilla, padre y abogado del titular del juzgado federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, solicitó este miércoles al Consejo de la Magistratura que inicie el proceso de remoción del juez federal Claudio Bonadio. Previamente, se había presentado en el juzgado del Doctor Glock (Verbitsky dixit) para pedir declarar en el marco de la causa Operación Puf. Allí también cargó contra el polémico magistrado: reclamó su apartamiento de aquella pesquisa y que se considere nulo todo lo actuado por él hasta el momento. Dijo que con esa causa busca “autoencubrirse” dado que su figura quedó expuesta en el D’Alessiogate.
Ramos Padilla (p) pidió que el nuevo escrito se sume a la presentación que realizó el 4 de julio pasado, cuando puso en conocimiento de los consejeros “el accionar ilícito del Juez Federal Claudio Bonadio -junto con el de otros funcionarios y magistrados-, lo que le impone a ese Consejo la formación de un expediente y el inicio del procedimiento de remoción, en relación a los hechos que son de su competencia, tal como lo ha hecho en otros casos en los que incluso ha actuado oficiosamente”. De esta forma, expuso que el órgano que selecciona y sanciona jueces avanzó en otros expedientes con una velocidad que no se observa en la denuncia que formuló hace un mes y medio.
El escrito que presentó este miércoles fue dirigido al presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación, Pablo Tonelli, quien quedó a cargo del estratégico puesto tras la renuncia de Miguel Pichetto. El diputado y alfil judicial PRO es quien “casualmente” instruye el expediente 35/2019 en el que se analiza la denuncia contra Bonadio por mal desempeño y comisión de distintos delitos.
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Para Ramos Padilla (p) el accionar de Bonadio en Operación Puf, causa que se estructuró en escuchas ilegales a presos K, expone “una gravísima maniobra de encubrimiento que por sus características puede asimilarse al célebre caso ‘Watergate’”. Y le recordó a los consejeros que las víctimas que vieron vulnerada su privacidad estaban detenidas y “no había razón para que se los escuchara”. También resaltó que se “había ordenado destruir esas escuchas”. Lejos de eso, Doctor Glock las utilizó en -al menos- dos causas judiciales: Operación Puf y la de las fotocopias de los cuadernos. Hasta se reprodujeron en programas televisivos oficialistas.
Las irregularidades en Operación Puf se multiplican. Por ejemplo, el caso se inició el 8 de febrero a partir de “‘anónimos’ que sin explicación recibieron fiscales y diputados -también oficialistas cercanos al Dr. Bonadio-, que partían de una agencia de gobierno involucrada”, es decir, la AFI. Esos audios, señaló Ramos Padilla (p) se lograron “introducir o mejor dicho ‘blanquear’ en el circuito legal” con el objetivo de “intentar encubrir la conducta de los denunciantes y/o afectar de manera absurda una investigación que tramita en Dolores, y que involucra también al Dr. Bonadio”. La referencia es al D’Alessiogate.
El presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 29 también le adjudicó a Bonadio “maniobras de forum shopping, falta de excusación y la utilización de un proceso para eludir una investigación que lo compromete en igual medida que a aquellos que autoriza a actuar como parte querellante, quienes le aportaron las escuchas que recibieron de manera ilegal e impulsan el proceso, lo que constituye una clara maniobra de encubrimiento y auto-encubrimiento y un escándalo sin precedentes desde cualquiera de las ópticas que se lo quiera analizar”. La referencia es clara: el fiscal federal, Carlos Stornelli, declarado en rebeldía en la causa que tramita en Dolores; y la diputada nacional Elisa Carrió.
Es por todo esto que Ramos Padilla (p) solicitó al consejo que “dé inicio al proceso de remoción con este escrito”; se lo convoque a él a ratificar la denuncia y también se cite a Bonadio.
El antecedente
En la presentación que Ramos Padilla (p) realizó en la mañana de este miércoles en el juzgado federal Nº 11, donde pidió declarar en el caso conocido como Operación Puf y recusó a Bonadio, hubo un apartado en que se recordó el antecedente del exjuez de Campana, Federico Faggionato Marquez.
“La situación es realmente grave, porque estamos frente a un magistrado que no sólo carece de objetividad e imparcialidad, sino que con el objeto de encubrir y autoencubrirse incurre en un evidente mal desempeño, en la comisión de delitos y en una evidente arbitrariedad en el ejercicio de la función. Por mucho menos, fue removido de su cargo el ex juez Faggionatto Márquez que debiendo excusarse de intervenir en una causa en la que tenía interés directo, se mantuvo en el conocimiento del hecho”, escribió Ramos Padilla (p).
El 25 de marzo de 2010, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación definió la destitución de Faggionatto Marquéz por la causal de “mal desempeño”. Tal como se desprende del Centro de Información Judicial (CIJ), uno de los cinco cargos en su contra era haber tomado a su cargo la investigación de un hecho en el cual él era parte.
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