El Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) responde la nueva maquinación mediática del neoliberalismo -iniciada en realidad algunos días antes con sendas notas críticas hacia ENARSA y a la energía distribuida-. OETEC advierte a la sociedad que así como la Fundación Mediterránea, el CEMA, la Universidad Di Tella y FIEL fueron las usinas neoliberales por excelencia para el desmantelamiento de una Argentina económicamente autosuficiente, inclusiva, moderna y soberana, el IAPG -que en absoluto representa los intereses de la sociedad argentina- lo es en materia energética e hidrocarburífera.
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Federico Bernal, director general del OETEC, explicó al respecto de la enésima opereta mediática que "está destinada a presionar al gobierno nacional y candidatos presidenciales a incrementar los precios del gas natural a los valores internacionales". Agregó, asimismo, que "el IAPG es algo así como una Fundación Mediterránea en materia hidrocarburífera. Son socias las empresas más importantes del sector, muchas por cierto con muy mala performance.
Su presidente, el ingeniero Ernesto López Anadón, ex director general de Marketing y Desarrollo de Negocios de Gas en Repsol-YPF, coincide con Juan José Aranguren y Daniel Montamat en los conceptos energéticos de libremercado. Tenemos por ejemplo el evento organizado en agosto de 2014 por el Grupo Clarín, donde los tres participaron del panel dedicado a Vaca Muerta y cuyo objetivo pasó exactamente por reafirmar y transmitir igual mensaje que el IAPG transmite ahora a través de los principales grupos mediáticos conservadores: desregulación y desnacionalización de Vaca Muerta (como de todo el sector energético nacional), depredación de nuestros recursos y alineamiento de los precios domésticos del gas, el petróleo, los combustibles y la electricidad a los internacionales".
Por su parte, Ricardo De Dicco, director de Investigación Científica y Tecnológica del OETEC manifestó que "el Estado Nacional está en condiciones de encarar las obras de infraestructura de transporte de gas requeridas en Vaca Muerta, ya que el sector privado que se benefició con las privatizaciones de YPF y particularmente de Gas del Estado, no realizaron ninguna inversión para expandir el sistema nacional de gasoductos troncales y regionales (en lo único que invirtieron fue mayoritariamente en construir gasoductos de exportación).
Desde 2003 a la fecha, el Estado nacional a través del Ministerio de Planificación Federal ha construido cerca de 3.000 kilómetros de gasoductos para el mercado interno, beneficiando a millones de hogares y a provincias que antes carecían de acceso al servicio público de gas por redes. El IAPG nada dice sobre estas inversiones".
En ese sentido, De Dicco recuerda "durante la década perdida del 90, más de un 60% de la población carecía de acceso al servicio público de gas por redes, no habían inversiones para expandir el sistema nacional de transporte troncal de gasoductos, sin embargo nos aumentaban la tarifa de gas sistemáticamente, se incrementaba la dependencia hidrocarburífera en la matriz de suministro eléctrico en desmedro de la paralización del Plan Nuclear, y para colmo se firmó un acuerdo de exportación de gas a Chile en 1995 fijando el precio a US$ 2 el millón de BTU, cuando del otro lado de la frontera lo comercializaban a US$ 29 el millón de BTU. ¡Flor de estafa y violación de la seguridad jurídica del pueblo argentino! De haberse defendido la seguridad jurídica de nuestros ciudadanos durante los años 90, teniendo en cuenta que las leyes 17.319 (de Hidrocarburos) y 24.076 (Marco Regulatorio del Gas) prohibían exportar gas cuando el mercado interno se encontraba insatisfecho, se hubiera evitado que el oligopolio energético de aquel entonces que además se benefició con el 70% de libre disponibilidad de divisas, explotara irracionalmente nuestros yacimientos y, por sobre todo, se hubiera evitado importar gas natural de Bolivia durante el período 2004-2015 y gas natural licuado (GNL) entre 2008 y 2015".
A modo de cierre, Bernal expresó que "el IAPG, los López Anadón y los Aranguren, como los ex secretarios de energía liderados por Montamat nos quieren llevar al modelo energético de Martínez de Hoz, Menem, Cavallo y De la Rúa, para que nuestros recursos energéticos sirvan de plataforma de enriquecimiento a un puñado de empresas y para que sirvan de forma de pago de los servicios de deuda (en el marco de un nuevo proceso de endeudamiento, como por ejemplo el pago a los buitres que sus referentes políticos y los candidatos del neoliberalismo como Macri y Massa confirmaron harían). López Anadón ha reivindicado el saqueo petrolero y gasífero de los noventa, 2000, 2001 y 2002. Desde Respol-YPF no le importó llevar adelante una política depredatoria de nuestros yacimientos gasíferos y su exportación a precio vil, como explicaba Ricardo. Néstor Kirchner asumió la presidencia con 15 millones de argentinos sin gas por redes. Pero gas sobraba, nada más que iba a parar en un 70% a una empresa del otro lado de la cordillera que lo procesaba y exportaba".
Finalmente, Bernal manifestó: "Los que saquearon nuestros recursos, privatizaron y desnacionalizaron; los que se la llevaron en pala y no invirtieron un centavo, ahora vuelven a plantear en su mensaje la visión histórica del Estado ineficiente, que no podrá hacerse cargo de los sectores neurálgicos para el desarrollo nacional. El mercado, a través del IAPG presiona para que Vaca Muerta pase a manos privadas y extranjeras, y que el gas se encarezca, y que las obras se centralicen en los no convencionales para terminar con el Gasoducto del NEA pues no se trata de un gasoducto funcional al saqueo exportador de nuestros recursos, sino uno volcado al desarrollo del mercado interno y la calidad de vida de millones de compatriotas. Pero el modelo vigente desde 2003 prueba que el Estado es mucho más que eficiente, mucho más que solvente; prueba que es el único garante de la seguridad jurídica del pueblo argentino, y su progresivo bienestar en un contexto socialmente incluyente y de autosuficiencia económica".
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