La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de los detenidos, Julio De Vido, José López y del ex funcionario Roberto Baratta por presunto "cohecho pasivo" en el marco del escándalo del "Lavajato". Mientras que los empresarios Carlos Wagner, Aldo Roggio y Tito Biagini son acusados como coautores de cohecho activo. La medida alcanza a los ex directores de AySA Carlos Ben y Raúl Biancuzzo y el empresario Jorge "Corcho" Rodríguez.
La decisión lleva la firma de los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens -Leopoldo Bruglia estuvo ausente- y es la primera confirmación de procesamientos en un expediente vinculado a las supuestas maniobras corruptas de Odebrecht.
Los camaristas dieron por "probada la existencia de dos grandes tramos de pago de sobornos vinculadas a la obra Paraná de las Palmas, no logrando los agravios expuestos por las defensas, a excepción de los casos que se especificarán en último término, conmover el cuadro probatorio plasmado, que culminó con una valoración positiva acerca de la responsabilidad que les cupo a los imputados".
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En este tramo de la causa, los representantes uruguayos de la firma Sabrimol -atribuida a Rodríguez y a través de la cual se habrían cobrado comisiones millonarias- habían sido procesados por el juez Sebastián Casanello como partícipes secundarios, por proporcionar la ingeniería jurídica y contable que sostenía el funcionamiento de esa firma off shore calificada por el juez como una "caja negra", donde ingresaban los sobornos provenientes de Odebrecht.
Según se desprende de una investigación, esos pagos se realizaban con cheques de la empresa uruguaya y se cambiaban en diversas casas de cambio y agencias financieras para evitar la trazabilidad. La sospecha de Casanello y que convalidó la Cámara es que dichos fondos ilícitos llegaban a los funcionarios de Planificación Federal y de AySA.
Los empresarios, ya procesados por defraudación en la primera parte de la investigación, quedaron ahora acusados de "corruptores".
Asimismo, Casanello solicitó la extradición de los ejecutivos de las firmas brasileñas Odebrecht y Cartellone, y trabó un embargo de 500 millones de pesos tanto para los acusados como para las empresas involucradas: Odebrecht Argentina, Esuco, Benito Roggio, Cartellone y Supercemento. Ahora, la Cámara modificó los montos de esos embargos: 255 millones de pesos para Odebrecht, 121 millones para Esuco, 85 millones para Benito Roggio, Cartellone y Supercemento, y 182 millones para la brasileña Camargo Correa.
El gigante brasileño admitió haber pagado coimas por 35 millones de dólares a Argentina para adjudicarse obras durante el gobierno anterior. En este caso, el juez Casanello y el fiscal Federico Delgado investigaron los contratos para dos plantas potabilizadoras a cargo de AySA y que terminaron en manos de Odebrecht en UTE´s con empresas locales.
En esta investigación se planteó que hubo “acuerdos espurios” para manipular actos administrativos, que "las contrataciones estuvieron previamente direccionadas" y que el llamado a licitación pública fue tan sólo "una puesta en escena para disfrazar negocios previamente acordados”.
En consecuencia, hubo una “ficción sobre el mejor precio” y ambas obras -la planta de Paraná de las Palmas y otra en Berazategui- expusieron "la existencia de un millonario perjuicio económico al Estado traducido, entre otras cosas, en mayores costos como consecuencia de las irregularidades cometidas".
Por eso, en una primera parte se dictaron procesamientos por administración fraudulenta contra Carlos Wagner, Benito Roggio, los dueños de Cartellone y ex funcionarios de AySA como Carlos Ben y Raúl Biancuzzo. Ahora, se sumó una ruta de sobornos en la investigación que dejó en el centro de las operaciones a Jorge 'Corcho' Rodríguez.
El empresario está acusado de haber participado como "facilitador" del aparente circuito de coimas gracias al cual los brasileños ganaron la construcción de dos plantas de AySA. En la información analizada, se detectaron transferencias a sus contadores en Uruguay por más de 11 millones de dólares.
Dos etapas
Se marcan dos etapas bien diferenciadas: una primera etapa previa a la muerte de Néstor Kirchner, en la que Wagner habría sido el intermediario en la estructura de cartelización de la obra pública. El segundo período se habría iniciado después de la muerte de Kirchner, cuando el "Corcho" Rodríguez se habría incorporado para "destrabar pagos" y cumplir aquel rol de intermediario.
Según determinó la Justicia, hubo dos declaraciones que complicaron a Rodríguez: las del abogado Carlos Dentone y el contador Martín Molinolo. Ambos fueron contratados por el Corcho para que integren Sabrimol Trading SA, una empresa ubicada en zona Franca y uno de los requisitos es que la mayoría del directorio sean uruguayos.
En el expediente se planteó que "Corcho" utilizó para pagar los sobornos a Sabrimol Trading, de cuya cuenta en el Banco Itaú "fluyeron los montos descriptos".
Sabrimol tenía como presidente al uruguayo Carlos Luis Dentone Loinaz, y como directivo -también de fachada- a Martin Molinolo Menafra, quien además es vicepresidente de Bralex SA. En los informes internos del Itaú se afirma que Sabrimol tiene entre sus "principales clientes a la empresa brasilera Odebrecht, a la cual están asesorando en la obra relacionada al soterramiento del tren Sarmiento en Argentina, recibiendo fondos de subsidiarias de esta empresa en forma habitual”. “También son clientes los argentinos Susana Giménez y Jorge Rodríguez, a quienes les administran propiedades e inversiones en Uruguay”, dice en esos reportes.
En el detalle de las transferencias efectuadas a la cuenta de Sabrimol aparecen cinco empresas offshore controladas por el cambista brasileño Olivio Rodríguez Junior, que trabajaba para Odebrecht en su red de pago de sobornos.
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